Llarena pide a Montoro que explique sus declaraciones sobre el procés

Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, quiere que Cristóbal Montoro explique y defienda sus palabras, en las que aseguró que el procés independentista no se financió con el dinero público de la Generalitat que controlaba él en ese momento.

El magistrado ha enviado una requisitoria al Ministerio de Hacienda para que aporte pruebas de lo que dice, ya que esa afirmación choca con lo que aseguran los investigadores de la Guardia Civil, que creen que sí se comprometieron fondos públicos. Así lo cuenta la Cadena SER.

El juez pone en marcha esta diligencia en el marco de la investigación sobre el posible uso de fondos públicos por parte del Govern destituido de Carles Puigdemont en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, un posible delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados catorce de los imputados. En sus últimos informes, la Guardia Civil cuantifica este gasto en 1.602.001,57 euros el gasto público en el referéndum, entre campañas, publicidad, mesas electorales, censos y observadores internacionales.

En diversas declaraciones, la última en una entrevista al diario El Mundo, el Ministro de Hacienda ha defendido que, bajo su control, la Generalitat no ha invertido ni un euro público en el procés, algo que han repetido estos días ante el juez Llarena varios de los imputados pero que contradice lo que afirman los investigadores de la Guardia Civil en sus informes remitidos al Tribunal Supremo.

El juez quiere que el departamento que dirige Montoro explique y pruebe sus palabras y ha remitido un escrito a Hacienda para que informe "a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones", unas declaraciones que según el juez "contradicen las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa".

El juez, de hecho, se hace eco de las declaraciones de varios imputados estos días en las que negaban la existencia de malversación de caudales públicos basándose “en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción”.