Los abortos caen en Almería a cifras de hace diez años

Almería cerrará el año con la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo más baja desde 2005. Desde enero a octubre, se han realizado 907 abortos en la provincia y los profesionales que trabajan en las clínicas concertadas con el SAS que realizan este tipo de intervenciones creen que, a finales de año, la cifra rondará los 1.500. Un número que, aunque pueda parecer elevado, se queda muy lejos de los datos de 2009, cuando se superaron los 2.300. Desde entonces, las IVE –como técnicamente se conoce a los abortos provocados- han ido disminuyendo paulatinamente. El descenso más grande se produjo en 2014, cuando los abortos cayeron en torno al 13%. Siguiendo una tendencia que también se da a nivel nacional, los expertos creen que este año la bajada será aún más acusada y rondará el 15%. En España se realizarán este año en torno a 90.000 interrupciones de embarazo, 18.000 de ellas en Andalucía. 

Las razones, como explica la ginecóloga Francisca García, directora médica de GineAlmería y presidenta de ACAI (Asociación Nacional de Clínicas Acreditadas para la IVE), son principalmente demográficas: por una parte, un número importante de mujeres inmigrantes ha retornado a su países de origen (hasta 2012, eran las principales demandantes de estas intervenciones en Almería, desde entonces ocurre al contrario); por otra, hay muchas jóvenes nacidas aquí que se han ido a trabajar fuera de España. A todo ello se suma el paulatino envejecimiento de la población, con lo que cada vez, apunta, hay menos mujeres en edad reproductiva. 

También hay que tener en cuenta el efecto de la píldora de urgencia que, como reconoce esta ginecóloga, está funcionando como técnica para prevenir embarazos cuando fallan otros métodos anticonceptivos y que es utilizado por mujeres de todas las franjas de edad. “En general, la población inmigrante siempre ha registrado tasas de aborto más altas, creemos que fruto del desconocimiento de dónde acudir para prevenir embarazos”, señala Francisca García, que lleva practicando este tipo de intervenciones desde mediados de los años ochenta –en España, las clínicas privadas empezaron a practicar abortos a partir de 1985 tras la negativa de los médicos de la Sanidad pública a realizarlos; Andalucía fue pionera en pagar esas intervenciones a través de conciertos a partir de 1996- y que, a lo largo de este tiempo, ha visto casos de todo tipo. 

Uno especialmente dramático ocurrió hace solo unos meses cuando el Servicio Andaluz de Salud derivó hasta esta clínica a Sandra (nombre supuesto), una chica de 16 años con una difícil situación familiar y personal a sus espaldas. “Esta cría vive con un padre maltratador y un hermano minusválido. Se quedó embarazada y su novio la abandonó cuando supo lo que ocurría. Tenía muy claro que no quería seguir adelante, pero sabía que si su padre se enteraba le obligaría a continuar con la gestación”, recuerda esta ginecóloga. Como Sandra, treinta adolescentes de hasta 17 años han abortado en Almería en lo que va de año, cuatro de ellas sin informar a sus padres. En 2014, 172 mujeres menores de veinte años interrumpieron su embarazo en la provincia. 

Nueva reforma de la Ley Hasta ahora, el aborto en esta franja de edad (de 16 a 18 años) estaba permitido sin consentimiento paterno, pero con la reforma recién aprobada por el Gobierno –la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigor el pasado 22 de septiembre-, no solo se obliga a las menores a contar con la autorización de los padres, sino que se las sitúa en un limbo jurídico, según opinan desde ACAI, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que si ellas quieren hacerlo y sus padres o tutores no les dejan, solo les queda como recurso la vía judicial. 
“Apenas el 12% de las chicas de 16 y 17 años que abortan lo hacen sin aprobación. Las menores que no informan a sus progenitores o tutores legales son muy pocas”, señala Francisca García. La norma anterior establecía que solo de manera extraordinaria y ante situaciones de “conflicto grave, violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, desarraigo o desamparo”, se podría prescindir de la comunicación de las menores a sus padres o tutores. Ahora eso ha cambiado y la obligatoriedad es para todos los casos hasta cumplir la mayoría de edad. “Sin duda alguna”, vaticina García, con la reforma “se conducirá a muchas jóvenes a un aborto inseguro, clandestino o a un embarazo no deseado”.

En España, la tasa de mujeres que abortan es del 11,7 por mil, comprendidas en una franja de edad de entre 15 y 45 años. La española es una de las tasas más bajas de la Unión Europea, por detrás de países como Holanda (con una tasa de 8 por mil) y Suiza (donde abortan 7 de cada mil mujeres). “Este porcentaje podría disminuir más todavía si se pusieran en práctica medidas preventivas para evitar embarazos no deseados y que están recogidas en la Ley de 2010, pero que no se han desarrollado”, concluye la presidenta de ACAI.