La Audiencia Provincial avala dividir la causa de los cursos de formación en los juzgados de instrucción

La Fiscalía se ha opuesto al recurso presentado por la Junta de Andalucía contra la resolución que dividió en 16 procedimientos la investigación judicial en Almería por el presunto fraude en subvenciones a cursos de formación y ha solicitado a la Audiencia Provincial que confirme el desglose en distintos procedimientos, uno por cada empresa implicada.

La Junta recurrió en reforma y, subsidiariamente en apelación, el auto del Juzgado de Instrucción Cuatro de Almería al entender que los delitos que se investigan tienen “conexión entre sí” y, por tanto, pueden ser instruidos en “un único sumario”.

Argumentó, asimismo, que abrir hasta 16 procedimientos en ese momento podría “dificultar la averiguación de los hechos, y su posterior enjuiciamiento, perjudicándose en suma la justicia” y abogó, en todo caso, y en aras de “facilitar las actuaciones”, por tramitar “piezas separadas por cada una de las empresas o de los funcionarios investigados”.
Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que el Ministerio Público traslada en su escrito que la decisión adoptada a instancias de la propia Fiscalía debe ser confirmada en todos sus extremos. La juez María del Mar Cruz ya desestimó en reforma el recurso.

Sumarios distintos
En su impugnación, la Junta advertía del “peligro” del dictado de “resoluciones contradictorias” y señalaba que “podría darse el caso” de que unas “mismas autoridades y/o funcionarios se encontrasen simultáneamente imputados o desimputados por unos mismos hechos”. 

La juez, que desglosó lo actuado hasta el momento en 16 causas y lo remitió al Decanato de la capital para su reparto entre los distintos juzgados de instrucción, fundamentó su decisión en que no existe “relación ni concierto alguno entre las empresas y sociedades a las que se refieren los presentes autos”, ni tampoco “entre las personas responsables de las mismas e imputadas por estos hechos”.

La remisión al Decanato para reparto de lo actuado a lo largo de nueve meses bajo secreto, incluidos los informes de la Policía Nacional derivados de la Operación Edu, tuvo como consecuencia que todos los órganos de instrucción tuviesen competencia para dirimir si se incurrió en la comisión de presuntos delitos.

No obstante, la respuesta unánime de estos juzgados fue la de plantear sendas cuestiones de competencia que comenzaron a tramitarse ante la Audiencia en  junio. Las mismas fuentes han precisado que el órgano ya se ha pronunciado en las referentes a cuatro empresas y planteadas por los juzgados de instrucción 1, 3 y 5 de la capital, dictaminando en todas que estos son competentes para asumir la investigación y respaldando la decisión de la juez Cruz.