En tiempo de vigilia, a qué iglesia de Almería le importa esto

Varias decenas de trabajadores inmigrantes del Campo de Níjar se manifestaron ayer por las calles de la capital en reivindicación de unas mejores condiciones de vida y “una mejora en el trato recibido en el Centro de la Fundación Cepaim en la barriada de San Isidro. Los manifestantes han iniciado la marcha con pancartas en la Avenida Federico García Lorca, a la altura de La Salle, y ha  finalizado en la Plaza del Ayuntamiento, junto al Monumento a Los Coloraos, donde han exhibido pancartas y han gritado sus reivindicaciones. 

Un portavoz del colectivo ha señalado que “creemos que es importante que la comunidad esté informada sobre nuestra situación y las dificultades a la que nos enfrentamos a diario”.

Añade el colectivo de inmigrantes, de origen subsahariano en su inmensa mayoría, que “durante los últimos meses hemos experimentado una atención inhumana y carencias en cuanto a nuestras necesidades básicas como la alimentación, la atención médica y la asistencia administrativa, a pesas de nuestros intentos por comunicarnos con los responsables del centro , la situación no ha mejorado y sentimos que nuestras voces no están siendo escuchadas”.

Los manifestantes han mostrado pancartas en las que denuncian malos tratos  por parte de Cepaim Almería-Níjar y del director general Juan Antonio Segura Lucas. “Desde hace nueve meses estamos pidiendo citas de protección y rechazan nuestra solicitud”.

En otra se leía: “Estamos en un centro que se llama Accem que no ha hecho nada desde hace meses, nos sacrificamos para venir aquí a pasar peligros para alcanzar una vida mejor, pero todavía estamos en peligro y sin protección, sin documentos la esperanza se desvanece”. Y hacen un llamamiento al ministro de Justicia: “Marlaska por favor asegúranos protección, no nos utilicen como herramienta para captar votos”.

Los colectivos de defensa de los inmigrantes de Níjar solicitaron el pasado mes de febrero a las distintas administraciones que se adopten soluciones dignas y que se respeten los derechos humanos en los desalojos y las demoliciones de los asentamientos. Según estas entidades sociales “este tipo de desalojos solo contribuyen a incrementar el problema de exclusión y precariedad en la que viven estos trabajadores agrícolas inmigrantes”.