“Si hay otra empresa en el tanatorio, tiene que irse ya”

La comisión de seguimiento del cementerio inicia un expediente sancionador

Sacramento Sánchez, concejal de Mantenimiento
Sacramento Sánchez, concejal de Mantenimiento La Voz
Lola González
20:55 • 10 nov. 2023

El Ayuntamiento ha reunido a la comisión de seguimiento de la concesión administrativa de los cementerios de la capital para analizar la denuncia presentada por parte del Grupo Municipal Socialista por un presunto delito de estafa al estar operando con dos empresas diferentes en las instalaciones municipales.



Según explica la concejal de Obras Públicas y Mantenimiento, Sacramento Sánchez, en esa comisión se le ha pedido a ASV Funeser en primer lugar que “si realmente Nueva Málaga está operando desde el tanatorio-crematorio de la capital, que salga de allí de forma inmediata”.



Tiene claro Sánchez que “si se están utilizando dependencias municipales por otras empresas eso es algo considerado como falta grave en el pliego de condiciones y se procederá al inicio de un expediente sancionador para la concesionaria” tal y como se prevé en el propio pliego.



Lo que no está clara es la forma de abordar el resto de la denuncia que ha realizado el Grupo Municipal Socialista. A saber, que presuntamente la empresa ASV Funeser, concesionaria del servicio, derivara facturación a la empresa Nueva Málaga para así reducir el volumen sobre el que aplicar el 12% que constituye el canon que tiene que pagar la empresa al Ayuntamiento.



Pruebas
Explica la concejal de Obras Públicas y Mantenimiento que el equipo de Gobierno ha solicitado las facturas que la concesionaria ha emitido no solo a Nueva Málaga sino a todas las operadoras, y que de momento “aseguran que se trata de servicios que ASV Funeser no presta”. De esta forma, están estudiando otras formas en las que abordar la situación. Eso sí, critica duramente al Grupo Municipal Socialista que “dice que tiene pruebas, que no las haya facilitado y directamente salieran en la prensa”.



Sea como sea, lo cierto es que si los socialistas cumplen con su promesa el tema acabará en manos de la Fiscalía y serán ya los tribunales los que tendrán que tomar una decisión.



De momento, los procedimientos administrativos seguirán su cauce así como el estudio pormenorizado de las facturas presentadas por parte de la empresa concesionaria para tomar las decisiones.




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