La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un agente de la Policía Local de la capital a un año y tres meses de prisión por desviar licencias de obras a un amigo arquitecto con “la intención de tener un beneficio ilícito”.
El acusado F. M. estaba adscrito al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería y “tenía conocimiento de locales o viviendas en los que se había solicitado la llamada licencia exprés”, según detalla la sentencia a la que ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA.
Según detalla el tribunal, F. M. se personó en estos inmuebles para realizar inspecciones y, saltándose los protocolos reglamentarios, conminaba a los dueños o a los responsables a tramitar las licencias de obra menor a través de un arquitecto “amigo suyo”. De este manera, según los hechos probados de la sentencia, ambos “se repartirían” el dinero conseguido en las gestiones realizadas, al menos a partir de julio de 2018.
“F. M. se personaba en estos lugares a los efectos de inspección, manifestando a los dueños o a los que estuvieran al frente de las obras, que los mismos precisaban una licencia de obra menor y, omitiendo los trámites y procedimientos reglamentarios que debía seguir en el ejercicio de la función que desempeñaba y con la intención de tener un beneficio ilícito, los ponía directamente en contacto con un arquitecto, amigo suyo”, detalla la magistrada Soledad Balaguer.
F. M. fue detenido en una operación de la Policía Nacional en noviembre de 2018 como sospechoso de un presunto delito de cohecho, pero el caso ha quedado finalmente reducido “a un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos”.
El proceso se derivó a un juicio con jurado popular, en el que estaba también encausado A. F., que aparece reseñado en la sentencia como “arquitecto” y que ha sido condenado a un año de cárcel como “como cooperador necesario”.
Tanto el policía local de Almería, representado por el letrado Francisco Ruano, como el arquitecto, representado por el letrado Juan Marfil, alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía Provincial, admitieron su responsabilidad en el asunto y se beneficiaron de una sustancial rebaja en la petición inicial de cárcel. El juicio con jurado se convirtió, por tanto, en un mero trámite legal.
El punto de inicio
El tribunal considera acreditados 13 episodios entre julio y septiembre del año 2018 donde F. M. y A. F. habrían utilizado este mecanismo para favorecer el desvío de los trámites hacia el segundo.
El tribunal subraya que se realizaron peticiones económicas, pero solo en un caso se ha acreditado un pago efectivo. Se trata de una inspección realizada en julio de 2018 en una vivienda de la Avenida Cabo de Gata de la capital donde a la víctima “le solicitaron 900 euros para el proyecto y 1.000 euros más para F. M.”.
La investigación considera que el ciudadano entregó 500 euros inicialmente a A. F. y luego, alarmado por la situación, acudió a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional a denunciar. Este episodio provocó la apertura de unas diligencias que acabaron con la detención de F. M. y la entrada de los agentes de la UDEF en el Área del Urbanismo de Ayuntamiento de Almería en noviembre de 2018.
El tribunal condena a F. M. a un año y tres meses de prisión por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y a 18 meses de multa a razón de 6 euros diarios. No decreta inhabilitación. Mientras, A. F. ha sido condenado como cooperador necesario a un año de prisión y a 15 meses de multa. Ahora bien, la Audiencia Provincial de Almería acuerda la suspensión de las penas de prisión de ambos durante un periodo de dos años, condicionada a que no delincan. Tendrán que indemnizar al denunciante con 500 euros.
13 inspecciones bajo sospecha
Las diligencias muestran 13 episodios de inspecciones de obras al margen de “los trámites y procedimientos reglamentarios”, según los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería. La primera detectada data del mes de julio de 2018, en una obra en una vivienda de la Avenida Cabo de Gata. Se solicitaron entonces 1.900 euros, pero el afectado solo entregó 500 euros y luego se presentó en la Comisaría Provincial para denunciar (el Ayuntamiento de Almería aparece encartado en el proceso como responsable civil subsidiario, en caso de impago de los 500 euros). En las semanas posteriores a ese primer aviso, se registraron otros sucesos similares en la calle Estadio, calle Gala, Plaza Manuel Pérez García, calle Altamira, calle California calle Mimosa, calle Doctor Carracido y calle José Miguel Fernández entre otros emplazamientos. En septiembre de 2018, los acusados solicitaron en una reforma en la calle Mojácar “2.000 euros por realizar el proyecto de obra menor y 4.000 euros por proyecto de obra mayor, si esta fuera necesaria. La sentencia matiza que no se llegó a efectuar el pago, aunque se trata de la mayor solicitud de las acreditadas en el proceso. La Policía Nacional había abierto una investigación sobre las actividades del agente de la Policía Local adscrito al Área de Urbanismo dos meses antes.
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