‘Almería XXI’ aprueba su protocolo de actuación ante posibles desahucios

A pesar de que todos los expedientes están parados por la pandemia, hay media docena de impagos

Ana Martínez Labella, consejera delegada de \'Almería XXI\'
Ana Martínez Labella, consejera delegada de \'Almería XXI\' La Voz

Desde hace meses la empresa municipal de la vivienda está trabajando con todos los grupos municipales en la elaboración y aprobación de un protocolo de actuación ante los posibles impagos por parte de los adjudicatarios de las viviendas públicas y el posible inicio de un expediente de desahucio. El Consejo de Administración finalmente le ha dado el visto bueno esta mañana aunque con la abstención del Grupo Municipal Socialista y Podemos.


Este protocolo nace de la necesidad de establecer una forma de actuar en la que intervengan los Servicios Sociales ya que se trata de viviendas públicas que, por un lado tienen lista de espera en su adquisición o alquiler, pero que tienen como fin ayudar al acceso a la vivienda de quien lo necesita. Ante esa doble vertiente se ha elaborado un protocolo que arranca antes incluso de la adjudicación de la casa ya que “el pago de la cuota nunca debe superar el 30% de los ingresos” con los que cuenta el solicitante. Además, se va a requerir un informe social que evalúe su situación familiar, personal, económica y social antes de firmar el contrato.


Una vez adjudicada la vivienda, si se produce un impago, el protocolo establece que una semana después del vencimiento de la letra es la propia ‘Almería XXI’ la que debe ponerse en contacto para conocer de primera mano los motivos de la situación. Esto se podrá repetir hasta dos o tres meses consecutivos pero cuando ya la deuda ascienda a un trimestre, será el momento de que intervenga Servicios Sociales. 



Según consta en el documento aprobado por la empresa de la vivienda se tiene que analizar por parte de Servicios Sociales cualquier posible cambio con respecto a la situación que tenía el adjudicatario cuando se firmaba el contrato, así como la redacción de una evaluación de su situación social y su vulnerabilidad.


Si tras analizar esta evolución se determina como adecuado, se nombrará un mediador nombrado por el Colegio Oficial de Abogados que tendrá que establecer un plan de pagos que se amolde a la situación del adjudicatario con deudas. Plan de pagos que no puede superar en ningún caso los 12 meses.



Es cierto que puede existir la posibilidad de que esta persona no pueda hacer frente a un plan de pagos por lo que se abogará por un rescate de la vivienda para “volver a realizar una nueva adjudicación”. Eso sí, queda establecido en el protocolo que en todos los casos en los que se vaya a realizar ese rescate “se tratará de encontrar una alternativa habitacional acorde a las características de la unidad familiar desde la empresa municipal con otras administraciones competentes en materia de vivienda”.


Critican precisamente desde el Grupo Municipal Socialista que este protocolo “olvida el papel fundamental que deben jugar los Servicios Sociales Municipales, antes de pedir a una familia que abandone una vivienda en alquiler del Ayuntamiento”, como afirmaba el concejal socialista Eusebio Villanueva.


Casos

Actualmente todos los posibles desahucios por impagos en las viviendas municipales titularidad de ‘Almería XXI’ están paralizados. Así se decidía con la llegada de la pandemia y, de momento, se mantiene en el tiempo. Pero lo cierto, y así lo explicaba la consejera delegada de la empresa, Ana Martínez Labella, es que actualmente hay media docena de expedientes por impagos.


Todos estos casos son previos a la llegada de la pandemia y en algunos de ellos ya estaban en tramitación judicial, pero es cierto que ninguno viene por la situación de la crisis económica por la COVID-19”, aclara.

 

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