Testigo confirma la alteración de partes para cuadrar presuntas facturas falsas

La macrocausa del Caso Poniente emerge como un gran puzle de fechas, cantidades y situaciones. De protagonistas y secundarios. Y de testigos. El juicio oral por la presunta trama corrupta de Elsur trata de ordenar las piezas de un proceso complejo, donde cada voz escuchada en la sala aporta un relato personal de únicamente una parte de la causa.

Esto sucede especialmente con las declaraciones de los cinco testigos protegidos citados entre el lunes y el martes. Cada compareciente narra sus experiencias, sin voluntad de traspasar los límites de  lo visto y lo oído.  Sin embargo, pueden extraerse algunas conclusiones generales del presunto desvío de fondos públicos  en Elsur.

Un testigo protegido explicó (a duras penas por sus lagunas de memoria y con la voz distorsionada) cómo personal de Elsur y de algunas subcontratas se reunieron para alterar partes de trabajo para justificar una presunta facturación ficticia. “Cuando estuvimos todos reunidos para hacer estos partes de trabajo había gente de Elsur y de las subcontratas”, señaló a preguntas del letrado Emilio Lucas, representante del Ayuntamiento de El Ejido como acusación. “Eran partes de trabajo donde figuraba la gente, pero no el dinero”, precisó.

En su declaración en instrucción habló de una alteración de partes “noche y día” para cuadrar la justificación de los trabajos con la presunta facturación ficticia que se remitiría para el cobro en el canon. Dicho de otro modo, para poder cobrar el dinero que el Ayuntamiento de El Ejido destinaba a Elsur había que justificar unos servicios, aunque el testigo respondió a las preguntas sobre si los trabajos eran reales. El episodio aparece en la investigación como indicio de un modus operandi para la tantas veces mencionada sobrefacturación y, en consecuencia, para la desviación de fondos públicos.

En general, según el relato de los testigos, existía cierto caos en las cuentas de la sociedad mixta Elsur, la gestión de los trabajadores y las subcontratas. Un testigo protegido habló este martes de “descontrol” y del “miedo” de los empleados a ser despedidos sin no cumplían las directrices.

Socio privado
Un tercer testigo, con responsabilidades en el área de personal en Elsur desde mediados de los años 90, ahondó en esta situación interna hablando sobre la contratación de personal. “Había un exceso brutal de personal, especialmente en el ámbito administrativo, y luego estaban las subcontratas, afirmó.

El testigo mencionó contrataciones a dedo impulsadas presuntamente por el entonces alcalde. “El Ayuntamiento se metía pocas veces, pero sí ha habido algún trabajador que no han referenciado que venía del Ayuntamiento y que había que contratarlo”, expuso.

En su declaración mencionó dos ejemplos donde se empleó a personas “por orden de Juan Enciso”. Uno de ellos “no iba a trabajar”, pero cuando lo despidieron hubo de reconocerle una indemnización por improcedencia.

Por otra parte, dos de los testigos protegidos incidieron en el giro provocado tras la entrada en la sociedad del grupo Abengoa. Esta situación acabaría con la jubilación del empresario José Amate, uno de los principales acusados en el Caso Poniente.

Un testigo afirmó que Manuel Fernández Heras, ex responsable de producción de Aygesa y Elsur, le manifestó “a los pocos días de incorporarse” que se iba a producir un traspaso de roles: “Me dijo que todo lo que se estaban llevando los de ahora, se lo iban a llevar ellos”.

En este sentido, dos testigos insistieron en que nunca recibieron asesoramiento del socio privado de Elsur. Este es un elemento conflictivo para el proceso, porque las defensas sostienen que se facturaron cantidades en este concepto (‘fee’, algo así como una trasvase de conocimiento). Las acusaciones creen, en cambio, que era un pago no justificado.