Los médicos discrepan sobre cuándo y cómo golpeó Ana Julia a Gabriel Cruz

La acusación observa golpes previos a la asfixia; los forenses creen que son al mismo tiempo

Panorámica de la sala, con la acusada a la derecha intentando ocultar su cara ante los medios
Panorámica de la sala, con la acusada a la derecha intentando ocultar su cara ante los medios La Voz

La última bala de Ana Julia Quezada para evitar una condena de prisión permanente revisable voló en la sala de vistas del Palacio de Justicia de Almería durante la jornada del lunes. La sexta sesión del juicio oral enfrentó dos visiones distintas sobre la secuencia de hechos en la finca de Rodalquilar aquella tarde del 27 de febrero de 2018, auténtico epicentro de la disputa jurídica. ¿Un asesinato? ¿Un homicidio? ¿Un homicidio por imprudencia?  


De forma sencilla, el Instituto de Medicina Legal de Almería (IML) asegura que los golpes sufridos por el pequeño Gabriel Cruz son fruto de la misma maniobra para asfixiarlo, mientras los médicos de la acusación particular afirman que existen agresiones previas y que el menor sufrió durante 45 minutos (como poco)  antes de ser asfixiado por la acusada.


La defensa considera que el relato de los forenses del IML “es compatible con el relato” ofrecido por Ana Julia Quezada, esto es, una muerte accidental mientras le tapaba la boca para que dejara de insultarla. 


Por el contrario, la acusación particular sostiene que existen elementos suficientes para acreditar el ensañamiento con el niño de ocho años. Nicasio Marín, médico corresponsable del informe de parte, aseguró a los periodistas que la víctima padeció un trato “cruel” ante de la muerte. “La simplificación del mecanismo de tapar la boca y la nariz es una banalización y esto causa una nueva victimización de la pobre madre”, añadió Marín.


La palabra “banalización” apareció también en el análisis del letrado de la acusación particular, Francisco Torres, en declaraciones a los periodistas tras el juicio. “Esto no puede quedar como una escena de una muerte banal, porque no lo fue”, aseveró.


Ángel Cruz y Patricia Ramírez tratan de consolidar la existencia de un asesinato con ensañamiento y alevosía. Dicho de otro modo, Ana Julia Quezada provocó un sufrimiento a la víctima antes de la muerte y atacó al niño sin posibilidad de defenderse. El informe contratado por los padres confirma ambos elementos, mientras la exploración forense ‘oficial’ solo apunta a la alevosía.


A efectos prácticos, la diferencia entre los peritos no debería suponer que Ana Julia Quezada esquive la prisión permanente revisable, por mucho que el relato de los forenses del IML de Almería esté más cercano a su versión de la “muerte accidental”.


Diferencia de fuerzas

El IML habla de un uso de la violencia de un adulto a un menor de solo 34 kilos de peso. “La oclusión directa de los orificios respiratorios, debido a la aplicación de una fuerza desproporcionada entre el agresor y la víctima ha dejado lesiones típicas de este mecanismo de muerte tales como las excoriaciones y hematomas en labios”, resume el documento incorporado en el sumario.


Los forenses del IML añaden que las lesiones apuntan a un mecanismo de sofocación donde “existe una gran desproporción de fuerzas”. “Se han objetivado varios traumatismos sobre la zona craneal que indican golpes repetidos sobre una superficie plana (pared, suelo...), pudiendo vincularse al propio mecanismo de la sofocación en el cual se aplica una fuerza importante sobre la zona buco-nasal”, apostilla.
 Por tanto, esbozada la existencia de violencia y diferencia de fuerzas, el informe sería suficiente para acreditar la comisión de un delito de asesinato. Pero la acusación particular da un paso más allá y también busca confirmar el ensañamiento. ¿Por qué?


La condena de prisión permanente hace casi inútil estas diferencias, sin embargo, el Código Penal podría cambiar en el futuro y cualquier reo afectado podría acogerse a una lectura del derecho más favorable para sus intereses. Si la cadena perpetua fuera derogada (actualmente hay una iniciativa parlamentaria impulsada por el PNV), una hipotética condena a Ana Julia Quezada podría cambiarse por el asesinato. En ese supuesto, la diferencia entre un asesinato y un asesinato gravado puede suponer cinco años de prisión de diferencia.


Desde su perspectiva, la defensa rechaza el análisis realizado por los médicos de la acusación particular y muestra su sorpresa por un estudio tan distinto al aportado por los forenses del IML de Almería. “Existe una discrepancia radical sobre cómo se produce la muerte cronológicamente que el jurado tendrá que valorar”, subrayó Esteban Hernández Thiel. “Los forenses de la administración de justicia coincide mucho más con lo que realmente sucedió aquel trágico día”.


El letrado de Ana Julia Quezada también hizo constar una protesta por el rechazo de la magistrada Alejandra Dodero a autorizar que los forenses del IML y los médicos de la acusación particular declararan a la vez. Se trata de un procedimiento habitual cuando se ofrece un informe de parte de estas características y, a priori, ayuda al entendimiento por parte del jurado popular. Sin embargo, aquí no se admitió.
“Nosotros hemos consignado nuestra protesta porque creemos que debería haberse permitido que se entablase discusión entre los forenses”, añadió Esteban Hernández. 


En cualquier caso, Las partes no se pronunciaron sobre los detalles de la autopsia, ya que la sesión se celebró a puerta cerrada por orden de la magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería para evitar mayor sufrimiento a los padres Ángel Cruz y Patricia Ramírez.


El juicio se retoma este martes con los informes finales de la fiscal Elena Fernández Lora y los abogados de sendas partes. Luego tendrá la última palabra la procesada Ana Julia Quezada, en prisión provisional desde el 11 de marzo de 2018. Mañana miércoles se elaborará el ‘objeto de veredicto’ que tendrán que responder los nueve miembros del jurado popular. El fallo podría conocerse el jueves.


¿Cuándo se ocasionó el daño a los padres?

Además de las periciales sobre la muerte del pequeño Gabriel Cruz, las partes se sumergieron en el debate sobre los presuntos daños psicológicos a los padres. Dos forenses de Medicina Legal acreditaron los trastornos ocasionados a Ángel Cruz y Patricia Ramírez. Se trata de un hecho objetivo y están acreditado. No obstante, acusación y defensa chocan en la interpretación de la causa. Esto es, la primera cree que el comportamiento de la acusada durante casi dos semanas de búsqueda generó un daño psíquico a los progenitores, mientras la defensa considera que se trata del propio impacto provocado por el propio crimen del pequeño y no como parte de la actitud posterior de Quezada.



 

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