Una demolición reabre el debate sobre el Catálogo

Los almerienses despedían el pasado lunes una vivienda tradicional, de esas de las que quedan pocas, que se encontraba ubicada en la calle Alcalde Muñoz. Ciertamente su demolición por parte de la propiedad es absolutamente legal y reglada ya que no contaba con ningún tipo de catalogación y por tanto, la propiedad no necesitaba nada más que la licencia correspondiente y el proyecto adecuado para poder proceder a su eliminación. 

Eso sí, al tratarse de una vivienda que se encontraba en un entorno con otras casas con similares características, un pequeño reducto de la ciudad que mostraba la arquitectura tradicional, las redes sociales se llenaban de críticas ante esta desaparición. Y es que el problema, y así lo han expresado en multitud de ocasiones por parte de la asociación patrimonialista ‘Amigos de la Alcazaba’, es que la capital cuenta con un Catálogo de Bienes Protegidos que data del año 1998, fecha en la que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y desde entonces, tanto la sensibilidad ante el patrimonio como el modelo de desarrollo urbanístico ha cambiado mucho.

Hay que tener en cuenta que hace poco más de dos meses era la propia asociación patrimonialista la que presentaba ante el Ayuntamiento de la capital, exactamente ante la Gerencia de Urbanismo, una propuesta de ampliación de este catálogo en 396 inmuebles que se sumaban a los 527 ya contemplados. Una iniciativa que partía de la sociedad civil y que utilizaba como uno de los criterios a seguir para la protección la existencia de estas series o entornos que “cuentan con una arquitectura característica y dan identidad, más allá de viviendas individuales”. 

Ubicaciones
En este grupo se situaban principalmente todas las que se proponen con arquitectura tradicional y que se encuentran sobre todo ubicadas en calle Alcalde Muñoz, Plaza de Toros y calle Almedina. Y de las elegidas en Alcalde Muñoz, estaba precisamente la demolida el pasado martes.

Para el vicepresidente de ‘Amigos de la Alcazaba’, Francisco Verdegay, esto vuelve a poner de manifiesto la necesidad de ampliar el catálogo de bienes protegidos ya que “prosigue la destrucción del patrimonio gracias a la falta de ampliación”.

Recuerda Verdegay que “a día de hoy hay casi 400 edificios que están valorados y que podrían tirarse legalmente mañana ya que no cuentan con catalogación alguna”.

De ellos hay un total de 240 inmuebles que ya en su día la Delegación de Cultura pidió incluir cuando comenzaba la tramitación administrativa del nuevo Plan General y que, al pararse todo, también siguen esperando a que alguien decida apostar por dicha ampliación.

De momento esa reducto de viviendas de puerta y ventana que se quería proteger queda sin uno de sus elementos significativos.