La Junta intenta recuperar 48 viviendas okupadas en Almería

El refuerzo de la acción de control sobre las 2.988 viviendas que conforman el parque público residencial en alquiler de la Junta de Andalucía en Almería, enmarcado en la estrategia de gestión que viene aplicando la Consejería de Fomento y Vivienda sobre dichos inmuebles desde el inicio de la legislatura, ha permitido abrir 48 expedientes durante 2017 para recuperar la posesión de viviendas okupadas de forma irregular en la provincia.

Buena parte de estos expedientes han sido ya resueltos y han propiciado a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), titular de estos inmuebles, recuperar 47 viviendas para entregarlas a familias con necesidades que, cumpliendo los requisitos establecidos, han respetado la normativa en materia de adjudicación y están inscritas en los registros municipales de demandantes de vivienda.  Los 48 expedientes tramitados en 2017 mejoran los resultados de los dos ejercicios anteriores, en los que se abrieron sólo 2 y 42 expedientes, respectivamente.

El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Antonio Martínez, ha señalado que “estas acciones de control sobre el parque público de viviendas responden al refuerzo de la acción de verificación, que además de actualizar la información sobre quienes residen en cada vivienda, nos permite hacer un seguimiento de las condiciones socioeconómicas de esas familias y de sus necesidades para atenderlas adecuadamente”.

La legalidad
El delegado ha subrayado que “hay que hacer cumplir la legalidad y la decisión de  actuar contra las ocupaciones irregulares en el parque autonómico de vivienda es cada vez más firme porque está dando buenos resultados, por lo que vamos a intensificar esta línea de trabajo para avanzar en ese necesario seguimiento de nuestro parque público residencial para garantizar su uso y función acorde a la normativa vigente y a los objetivos sociales planteados”.

El delegado Antonio Martínez ha recordado que “la estrategia de gestión que está desarrollando AVRA viene a reforzar la función social de la vivienda que fija la ley 4/2013, que trata de atender las necesidades habitacionales de las familias inscritas en los registros municipales de demandantes” y ha añadido que “se trata de familias con dificultades, en muchos casos extremas, a las que debe reservarse el uso de las viviendas públicas. Por eso, es necesario recuperar todas aquellas que están ocupadas de forma irregular, para ponerlas a disposición de quienes realmente las necesitan y que además, cumplen la legalidad”.

A la acción contra la ocupación irregular, AVRA suma otras actuaciones para regularizar la tenencia de vivienda pública en alquiler, como las subrogaciones y los cambios de titularidad.