"Hacer nuevas exhumaciones en el cementerio es algo casi imposible"

La nueva Ley andaluza no traerá, de momento, la reactivación de búsquedas de restos

Un operario trabaja en una de las zonas localizadas en el cementerio como fosa común. La foto es de 2014..
Un operario trabaja en una de las zonas localizadas en el cementerio como fosa común. La foto es de 2014..

Setenta y ocho años después de que Enrique Fornovi, abogado, fiscal de la República y militante del PSOE, Bartolomé Campoy, albañil y secretario de la CNT de Cuevas del Almanzora o José Clemente, alcalde de Garrucha y vocal del Comité Revolucionario, fueran ajusticiados ante la tapia del cementerio de San José, en Almería, sus restos no han podido ser recuperados por sus familiares para darles un entierro digno y, seguramente, no lo serán nunca.


Ellos tres y ocho presos más fueron trasladados desde la cárcel del Ingenio hasta la entrada del camposanto y fusilados por el bando franquista ante una de sus tapias. Ocurrió el 25 de abril de 1939,  cuando la guerra civil estaba ya agonizante. En todos los casos, las acusaciones de rebelión y de adhesión a la rebelión que dictó el Consejo de Guerra que les juzgó, se resolvieron con sentencias de muerte.


Sus cuerpos fueron trasladados a varias fosas comunes (una principal y otras secundarias, hoy sepultadas bajo hileras de nichos) que, hasta 1947, fueron llenándose hasta llegar a los 370 ajusticiados del bando republicano enterrados en el cementerio de San José y Santa Adela, en la capital.


Pasado el tiempo -no hay una fecha exacta, los expertos calculan que tuvo que ocurrir entre la década de los años 40 y 50-, la fosa común más grande fue abierta y los restos de las víctimas se trasladaron al osario o, en algunos casos, a las tapias del camposanto, donde fueron abandonados.




Indagaciones
En realidad, según explica el historiador Óscar Rodríguez, nada de esto se sabe con certeza. A falta de registros documentales, las indagaciones que se hicieron a posteriori para averiguar el paradero de los cuerpos, tuvieron que basarse en los testimonios orales de antiguos trabajadores del cementerio. Estos aseguraron que los restos se habían llevado al osario porque eso mismo fue lo que se hizo con otras exhumaciones parecidas que se practicaron más adelante.


En el portal web de ‘Memoria Histórica’ del Ministerio de Justicia se apunta que en el cementerio de Almería se encuentran referenciadas numerosas fosas, “al menos siete zonas de enterramiento, en el primer recinto, a la derecha de la puerta de acceso”, aunque las obras realizadas y la construcción de nichos ha alterado notablemente el aspecto del recinto y resulta casi imposible localizar la fosa común. “Según algunos testimonios, como consecuencia de las obras realizadas, los restos de alguna de las víctimas fueron recuperados por familiares y los demás fueron llevados a un osario común, del que también se desconoce su ubicación”, se explica.


Coste de las pruebas
Esta circunstancia hace que la búsqueda de los restos óseos de los republicanos fusilados en Almería se haya tornado como una labor casi inviable. Principalmente, por el coste inasumible que supondría la realización de miles de pruebas de ADN. A pesar de que el pasado mes de marzo el Parlamento regional ratificó la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, la consejería de Cultura apenas ha destinado este año algo más de un millón de euros para la realización de estudios técnicos, sondeos y exhumaciones de fosas. Ciertamente, la cifra es un 8,5% más que en 2016, pero los investigadores estiman que las partidas que se destinarían a una posible exhumación en Almería serían tan exiguas que no darían ni para empezar a trabajar. A nivel nacional, la ley de Memoria Histórica está prácticamente derogada desde 2012, cuando el PP decidió dejarla sin fondos para aplicarla.


Complejidad
En Almería, la situación es más compleja que en otros lugares puesto que, en el cementerio municipal, los restos de los republicanos fusilados se mezclaron en el osario, sin orden ni concierto, con los enterramientos de caridad de hombres y mujeres pobres de solemnidad cuyas familias no podían pagar un entierro.


Cuando comenzaron las exhumaciones en el camposanto municipal, en noviembre de 2014, se descubrió que, en la fosa común, reposaban también los restos de niños e incluso bebés que, supuestamente, habían sido enterrados allí en la década de los 50.


Según se cita en el informe arqueológico realizado entonces, “la aparición de enterramientos infantiles y de un nuevo enterramiento adulto nos indican, sin lugar a dudas, que la fosa ha sido reutilizada”.


“Nunca se registraron por escrito aquellos movimientos. Suponemos que fueron unos trabajos que llevó a cabo el personal del cementerio como algo habitual. No se tuvo en cuenta para nada a los familiares. Solo algunos, como los de Cayetano Martínez Artés, sí se enteraron y pudieron conseguir los restos de su deudo para darle sepultura, pero en la mayor parte de los casos no fue así”, cuenta Óscar Rodríguez, profesor de Historia en la UAL.


Él es el autor de un informe sobre la localización de los restos óseos de las víctimas del franquismo fusiladas y enterradas en el camposanto de Almería en el que la Junta se basó para no seguir adelante con la búsqueda de los restos de Martín Márquez Navarro, uno de los ajusticiados, por las dificultades técnicas que implicaba. La familia, que llegó a denunciar su caso ante la ONU, vio cercenadas sus expectativas después de años de lucha, “una frustración que se agravó aún más con el resultado final infructuoso de los sondeos arqueológicos”, señala el informe.


Dificultad extrema
Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, también cree que realizar ahora nuevas exhumaciones es “prácticamente imposible”. “Descartar no se puede descartar nada, pero las dificultades son máximas porque los trabajos serían tan laboriosos que rayan casi la imposibilidad”, sostiene.


Martínez, que colabora con de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, trabajó codo a codo con Óscar Rodríguez y Martirio Tesoro en la recuperación de los restos de dos maquis, Francisco Fuentes Agüera y Rafael Jiménez, fusilados en 1947 y enterrados junto a la tapia del cementerio de Sierro. Cuando se les hizo la prueba de ADN, 64 años después de haber sido asesinados, el hijo de Francisco Fuentes dijo: “Ya puedo morir tranquilo”. 


“Ojalá fuera así para el resto de familiares pero, a día de hoy, es imposible. Hallar sus cuerpos sería como encontrar una aguja en un pajar”, sentencia Rodríguez.


 

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