La demanda de agua de Almería llega al Parlamento andaluz

La Junta defiende la necesidad de rebajar el precio del agua desalada

Debate sobre la agricultura celebrado en Sevilla
Debate sobre la agricultura celebrado en Sevilla La Voz
La Voz
00:50 • 11 may. 2018

El agua se hizo ayer protagonista en el Parlamento de Andalucía; se hablaba de las necesidades de Almería y de las medidas que se pueden poner en marcha para aplacar la sed de un sector agrícola que está viviendo momentos de zozobra a causa de la prolongada sequía.



El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, defendió la importancia de la nueva concesión de aguas del pantano de Benínar para los riegos en la comarca del Poniente almeriense. Son 13,6 hectómetros cúbicos anuales que permiten atender a unas 14.900 hectáreas durante el periodo de vigencia de la concesión, veinte años.



Plan de recuperación
Esa concesión se suma a otras medidas recogidas en el Plan de Ordenación y Recuperación del Acuífero del Poniente, como la aportación de agua desalada o la utilización de aguas residuales tras haber sido regeneradas.



Según el consejero, la concesión de Benínar añade recursos a una zona en la que existe un problema añadido por el mal estado de la masa de agua del Campo de Dalías-Sierra de Gádor, otro derivado de la intrusión marina en los acuíferos subterráneos y el relacionado con la sobreexplotación de los propios acuíferos durante las últimas décadas, problemas todos ellos que llevaron a la Junta Central de Usuarios de los Acuíferos del Poniente a diseñar y poner en marcha el citado Plan de Recuperación.



Coste del agua
En el mismo Parlamento el parlamentario almeriense José Luis Sánchez Teruel trasladaba a los grupos políticos la “terrible situación” de los regantes almerienses, que se ven obligados a consumir agua desalada en condiciones desfavorables con los de otras zonas del país en las que se está aplicando la nueva Ley de Sequía, que permite rebajar el precio del metro cúbico de agua desalada a 30 céntimos/metro cúbico.



Sánchez Teruel ha reclamado al Gobierno la aplicación inmediata de esa medida para los 14.000 agricultores de la provincia porque “la no aplicación de la Ley supone un coste adicional para los regantes de 200.000 euros por cada hectómetro cúbico”.



Rodrigo Sánchez, consejero de Agricultura, insta a que se cumpla esa ley y reclama a Gobierno Rajoy las inversiones hidráulicas pendientes.




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