Las objeciones, las dudas y las críticas que despertó el decreto-ley de medidas urgentes en materia urbanística y de protección del litoral aprobado por la Junta “no tienen sentido”, dice el delegado provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz. Y no tienen sentido porque los municipios costeros almerienses no tendrán ningún problema en desarrollar sus planeamientos pendientes.
Los datos que aportaba ayer Ortiz Bono son concluyentes al respecto e indican que los municipios almerienses situados en el litoral podrían construir a día de hoy más de 40.000 viviendas en los más de 12 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable ordenado de que disponen.
El papel del decreto no sería un freno para el desarrollo de los municipios costeros ni para su actividad económica, sino que está diseñado para mejorar la calidad de estas zonas costeras y sentar lkas bases de un desarrollo económico sostenible a medio y largo plazo con ventajas evidentes como la de potenciar la imagen de calidad de Almería y Andalucía como destino turístico.
Escasez de demanda
La Junta considera pues que no hay motivo alguno para recelar de este decreto ya que hay suelo apto para urbanizar más que suficiente para cubrir la demanda actual y la de los próximos veinte o treinta años.
El problema más bien radica en que la demanda de vivienda en las costas ha caído de tal forma que la mayor parte de los planes urbanísticos municipales no serán desarrollados en los próximos años por falta de compradores, e incluso por el descenso en el incremento poblacional que se está registrando en el conjunto de la provincia en los últimos años.
Esta y otras cuestiones relacionadas con el urbanismo y la incidencia de las normativas que recientemente han aprobado tanto la Junta como el Gobierno, han sido debatidas por cerca de 200 expertos y analistas en el II Simposio de Actualización en Derecho Administrativo, Planificación y Protección del Litoral que se celebra en la Universidad de Almería, organizado por la Consejería y el Grupo de Investigación SEJO56: Ciencia y Derecho Público en el S. XXI.
A debate la seguridad jurídica, la ordenación del territorio, la adaptación de las normativas municipales a las leyes urbanísticas supramunicipales y el futuro de un sector urbanizador que atraviesa sus horas más bajas.

Por su parte Carmen Crespo, delegada del Gobierno en Andalucía, hacía ayer una valoración positiva de la Ley de Costas que aprobó -el Consejo de Ministros el jueves. Y dio datos de lo que suponen las garantías para el mantenimiento de las instalaciones turísticas en la costa, datos que en el caso de Almería se concretan en la generación de 3.500 puestos de trabajo directos para una facturación que está en el entorno de los 36 millones de euros anuales.
La clave, según Crespo, está en el objetivo de conciliar la sostenibilidad de las costas y la protección de los espacios naturales con el crecimiento económico y el mantenimiento de la actividad en el sector turístico.
La nueva norma impedirá también la desaparición de 213 viviendas en el litoral almeriense y más de 100 instalaciones turísticas ya existentes.