Volvieron ayer las cámaras y los micrófonos en ristre a la Ciudad de la Justicia para pulsar la última hora del conocido ya como ‘Caso Cheques’ que investiga el saqueo de 300.000 euros de una cuenta de la Delegación de Medio Ambiente. Comparecieron ante la jueza del juzgado número uno, Alejandra Dodero, el exdelegado de Medio Ambiente, Clemente García, y el funcionario, Javier Torres, en ese orden, en torno a las diez de la mañana.
En vaqueros y terno gris dio la cara después ante la prensa, acompañado de su abogado, el exdelegado  quien trasladó su absoluta sorpresa por ser el único cargo político imputado en las diligencias  abiertas para investigar  una presunta malversación de fondos públicos.
Se preguntó García “cómo es posible que esté yo aquí solo y no se haya llamado también a declarar a la delegada que me sustituyó en el cargo y que no esté imputado el actual”, por Sonia Rodriguez y José Manuel Ortiz Bono.
Durante más de una hora estuvo declarando García en la sede judicial añadió que durante el mandato de Rodríguez “se sustrajeron más de 100.000 euros y con el actual se han seguido limpiando de la caja más de 12.000”.
García negado rotundamente su implicación en este caso ha mostrado su estupor ante el hecho de que haya figurado “hasta antesdeayer como apoderado en la cuenta que está siendo investigada por reintegros presuntamente irregulares cuando no tengo cargo público desde hace tres años”.
Las sustracciones de dinero vía cheques al portador comenzaron en marzo de 2009 y se extendieron hasta finales de noviembre de 2012.
El exdelegado indicó que “todo se sabrá antes que después y voy a colaborar para que salga a la luz el responsable y le caiga encima todo el peso de la ley”.
El funcionario Javier Torres declaró a continuación por espacio de 40 minutos. Respondió a preguntas de la jueza sobre las funciones como jefe de servicio de administración que desempeñaba en la sede de Reyes Católicos. Torres entró en la delegación en abril de 2009 y fue habilitado por el secretario entonces, Augusto Segura, como apoderado de la cuenta investigada unos meses más tarde sustituyendo al funcionario Miguel Gallardo, que fue trasladado a las oficinas de Nuevos Ministerios.
Las irregularidades en la cuenta bancaria en la que se ingresas las tasa por aprovechamiento forestal de detectó a principios de año durante la fusión de los departamentos de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.