Los seis delegados de la Junta de Andalucía en Almería y otros altos cargos de esta administración autonómica han tenido que presentar a la hora de ser nombrados o cesados una declaración de bienes. Esa declaración ha sido difundida en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) aunque también puede consultarse en la página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

En concreto, la información difundida es la que aparece en el Registro de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y otros cargos públicos, donde aparecen desde el saldo que los altos cargos tienen en cuentas bancarias cuando son nombrados o cesados, sus propiedades inmobiliarias, sus vehículos particulares, sus préstamos personales o créditos hipotecarios e incluso sin son titulares de planes de pensiones o títulos de deuda pública.

Respecto a la provincia de Almería, los datos del BOJA número 49 son los relativos a los nuevos delegados del Gobierno, Educación, Fomento, Agricultura, Salud y Economía, Sonia Ferrer, Isabel Arévalo, Encarna Caparrós, José Manuel Ortiz, Alfredo Valdivia y Adriana Valverde, respectivamente.

En la misma resolución de la Secretaría General para la Administración Pública aparecen otros almerienses con responsabilidad institucional en vigor. Son los casos del delegado de la Junta en Madrid, Antonio José Lucas; el director general de Estructuras Agrarias, José Antonio Salinas, el director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Ángel Ortiz Sánchez, y la directora gerente de la empresa pública del Hospital de Poniente, María Agapita García Cubillo.

Como se ha indicado anteriormente, la norma obliga a que los altos cargos que dejen de serlo a actualizar su información relativa a bienes o saldos en cuentas bancarias. Es lo que ocurrió el pasado 1 de agosto cuando ya no eran delegados a María Isabel Requena, Juan Cáceres, Juan Deus, Manuel Lucas, Francisco Maldonado, María Dolores Muñoz y Sonia Rodríguez.

También aparece en la resolución del BOJA la declaración de Daniel Alberto Rivera, exdirector general de Trabajo cuando estalló el ‘caso de los ERE’ en la Consejería de Empleo.