Ley, fosas y memoria democrática

El pasado martes se aprobó en el Consejo de Ministros el proyecto de la Ley de Memoria Democrática. Un proyecto que aún no ha llegado a las Cortes, pero que ya ha levantado crítica feroces y salidas de tono por parte de varios partidos y líderes políticos. Más allá de los posicionamientos que tengan las distintas fuerzas en la tramitación parlamentaria, me pregunto qué es lo que lleva a un demócrata a criticar desaforadamente una ley que condena taxativamente el golpe militar del 18 de julio  de 1936, o que obliga al Estado a buscar e identificar a las miles de víctimas de la guerra y la dictadura que aún permanecen en las numerosas fosas repartidas por toda la geografía española.

Algunos lectores saldrán con aquello de la “memoria histérica”, que en la guerra se produjo atrocidades por ambos bandos y que qué hay de Paracuellos o los pozos de Tabernas. Les daré un dato de esto último: en el Archivo Histórico Provincial de Almería se encuentra la documentación, petición y exhumación de los restos mortales de los “asesinados por los marxistas”, como así reza el documento. Creo que nadie se opondría hoy día a su recuperación y a su reparación moral y civil. ¿Por qué estallan los siete infiernos cuando se habla de recuperar los restos de los represaliados republicanos?

La Transición supuso la reconciliación de una sociedad dividida tras una dura postguerra y una cruel dictadura. Millones de españoles querían pasar página a un régimen que les había represaliado a ellos o a sus familias y que, además, les había privado la libertad en la mayoría de sus aspectos. Pero la Transición no significó un borrón y cuenta nueva. Reconciliación no es olvido. Y nosotros, como sociedad, tenemos una deuda imperdonable con quienes sufrieron la cárcel, la depuración, el silencio, el desprecio, el exilio o perdieron la vida por creer y defender la legalidad republicana. 

¿Qué aspecto de la Ley de Memoria Democrática divide a la sociedad española? ¿Qué artículo de la Ley rompe con el consenso del 78? Estamos ante una ola revisionista que justifica el golpe de estado o que directamente lo niega, tal y como hizo el exministro de la UCD, Ignacio Camuñas, ante el silencio cómplice del principal líder de la oposición, Pablo Casado. 

España sufre una anomalía democrática cuando todavía existen pueblos dedicados al dictador, calles en homenaje a personajes oscuros, monumentos que recuerdan la victoria de unos españoles sobre otros y 25.000 cadáveres en fosas. Recordar y explicar es necesario. Han pasado ya 43 años en democracia, un tiempo más que suficiente para haber exhumado a todos los españoles represaliados y haber reparado a todas las víctimas de la represión. Vamos tarde, muy tarde, pero esta ley sigue siendo necesaria. 

No quiero olvidarme de la gran labor de los memorialistas y de tantas personas que han trabajado por la dignidad de un país que aún tiene una deuda pendiente con sus compatriotas. Tampoco de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, impulsora de esta ley. Durante demasiado tiempo ha sido la gran labor de las asociaciones memorialistas las que han llevado a cabo, y en demasiadas ocasiones en solitario, la reparación, exhumación y dignificación de las víctimas de la guerra y la represión. Ahora toca que el Estado asuma directamente esta tarea en colaboración con ellas. Y con la aprobación de esta ley en el Consejo de Ministros se ha dado el primer paso.