Los trabajadores no pueden enfermar

Recientemente hemos tenido noticia de la Sentencia del Tribunal Constitucional que ha amparado el despido de una trabajadora estando de baja médica justificada, motivando su justificación en la Reforma laboral de 2012.

Es indispensable la derogación de la Reforma Laboral, una norma que lejos de crear empleo, daña profundamente los derechos de los trabajadores. No solo el derecho a un trabajo digno recogido en nuestra Constitución en su artículo 35 “derecho al trabajo….   y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…”, sino que fomenta la precariedad y  la temporalidad; curioso cuando menos de una Reforma que se presentaba en las disposiciones generales, apartado II como una una norma que facilite la creación de puestos de trabajo y la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país.  Al contrario sus objetivos y previsibles efectos están siendo los esperados: reducción de empleo y pobreza de cada vez más trabajadores y trabajadoras.  Con  la  actual  regulación  de  la  ultractividad    se  permite  que cuando un convenio ha finalizado su vigencia, los trabajadores queden obligados a pactar individualmente con la empresa, por supuesto por debajo de sus condiciones anteriores; y que empresas con beneficios puedan recurrir a practicar despidos colectivos sin control previo de la Autoridad Laboral. Es pues esta Reforma un mecanismo sencillo simplemente para abaratar costes laborales a la empresa sin el respeto mínimo al derecho al trabajo, pero eso si, más atractivo y económico para las empresas.

Favorecer la  contratación  indefinida  que  titula  en  su  Capítulo  2  es  irónico cuando  los  datos  publicados  mensualmente  por  el  INE  nos  muestran  que desde su implantación la ausencia de la contratación indefinida es la tónica mientras que la proliferación de contratos no solo precarios y temporales sino escasos es la dinámica habitual.

Necesitamos  en  este  país  que  se  aborde  este  gran  problema  que  está afectando directamente a las clases medias e indirectamente a todo el tejido laboral redundando perjudicialmente en la economía en general. Y necesitamos urgentemente que se recobren los valores que se plasman en nuestra Constitución Española menospreciada por tantos hoy en día: Igualdad, justicia, (art. 1), derecho al trabajo digno (art. 35), vinculación de los convenios (art. 37), progreso social y económico (art. 40), y por supuesto  la protección de la salud (art.43), que ha tocado fondo al prevalecer para nuestro Tribunal Constitucional en sus fundamentos respecto de esta STC, la garantía de los poderes públicos en defensa de la productividad de las empresas por encima de todos los demás derechos de los ciudadanos de este país.

Por ello y para defender y denunciar esta situación desde la organización que represento no cesaremos en visibilizar nuestra indignación y exigir al nuevo Gobierno la Derogación de esta norma discriminatoria y anticonstitucional.