Recuperando derechos

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘ley mordaza’, aprobada en el Congreso con los únicos votos favorables del Partido Popular, tiene los días contados. La cuenta atrás para su derogación comenzó el día en el que triunfó la moción de censura liderada por el PSOE contra el gobierno de Mariano Rajoy.

Las polémicas suscitadas por esta ley no han sido pocas desde que el Ejecutivo del PP decidiera allá por el año 2015 instaurar una norma que nos hizo retroceder muchos años en el tiempo, caracterizada por la represión y cuyo objetivo principal no era otro que sancionar al que proteste. La derecha, convencida de que quien protesta altera la tranquilidad pública, entendió que con la vuelta al Estado policial acabaría con las manifestaciones de los colectivos que reclamaban sus derechos y que tanto le importunaban.

La ‘ley mordaza’supone una inversión al orden constitucional, altera el artículo 104 de la Constitución referido al libre ejercicio de los derechos fundamentales. El derecho administrativo sancionador preventivo, fundado en sospechas, genera ese desaliento en el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanía.

Hablaba de la vuelta a otras épocas, pues bien esta Ley engendrada por el Partido Popular se podría asemejar con aquellas que criminalizaban la disidencia ideológica bajo la idea de que esa disidencia alteraba el orden público y la seguridad ciudadana, como ocurría por ejemplo con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

Esta norma aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy es muy coherente con el modelo ideológico del Partido Popular: callar bocas; facultar a la policía para atajar, controlar, disolver e impedir reuniones, manifestaciones, actos de protesta, expresión de ideas y opiniones o divulgación de información que favorezca o fomente la crítica y la opinión social sobre el sistema.

Desde el Partido Socialista tenemos claros los motivos para afirmar que esta norma no tiene cabida en un Estado Democrático. Es intolerable e incompatible en una democracia real. Infringe los principios de culpabilidad y del régimen sancionador, sustenta juicios discrecionales y arbitrarios de la Administración lo que impide un efectivo control judicial de la limitación del derecho o de las consecuencias de su ejercicio. Además, instaura la culpabilidad solidaria, implicando a todas las personas que participen en la protesta.

Es conocida la facultad de los medios de comunicación para crear opinión social. Por ello, el Partido Popular con esta Ley, también los tuvo en cuenta: restringió la libertad de información de los y las profesionales del periodismo. Otro motivo para decir no a esta Ley.

Son muchos los sectores de la sociedad que reclaman la derogación de la ‘ley mordaza’.

El PSOE ya en su día registró en el Congreso un texto alternativo con el que pretendía dejar en el olvido los años en los que se consideró sancionable la simple participación en una manifestación y que otorgaban unos poderes casi ilimitados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así, llevamos al constitucional ocho artículos de la norma que vulneraban completamente los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión.

Ahora, que el partido de la represión ha vuelto a la oposición, el Partido Socialista sigue en su lucha para devolver a la ciudadanía muchos de derechos, como éste, robados.

Tenemos claro que con la democracia no se juega. Esperemos que el Partido Popular haga fácil este cambio para que podamos seguir reclamando nuestros derechos con la libertad que debe caracterizar a un estado democrático de derecho.