La comunidad de regantes Bajo Almanzora se querella por un presunto robo de agua

Las disputas por un bien escaso como el agua no cesan en el Levante Almeriense. En esta ocasión ha sido la Comunidad de Regantes Bajo Almanzora la que ha presentado una querella criminal contra una sociedad anónima por un presunto delito de defraudación de agua.

La querella presentada ante el Juzgado de Instrucción de Huércal-Overa debido a que según señala “los actos y hechos más relevantes objeto de la querella han sucedido” en el término municipal huercalense.

La comunidad de regantes, que suministra el agua de riego “a un colectivo de agricultores superior a 1.500 personas físicas y jurídicas” señala que tras la autorización décadas atrás para la instalación de una conducción por cauces públicos “como Rambla de los Uribes, Rio Almanzora y Rambla del Serrón” hasta el “paraje de Santa Bárbara”. Segú indica la querella, en 2014 la comunidad recibió una subvención con el principal objeto de instalar nuevas arquetas con automatismos y telecontrol” con el que es posible detectar posibles “fugas, averías o tomas clandestinas”.

Los hechos sin embargo tienen lugar a partir de 2019, cuando según los regantes de Bajo Almanzora, comunidad presidida por Antonio Segura, se ejecutaron obras en una finca por la que transcurre el “Ramal de Zurgena” y que supusieron “el total y absoluto vallado de la finca por donde transcurre desde hace mas de 30 años la tubería”, siendo “imposible acceder a la misma en caso de avería”.

Según la comunidad de regantes, unos meses antes de enero de 2020 comenzaron las “pérdidas no muy significativas de caudal de la tubería, si bien en el mes de febrero fueron más acentuadas” sin poder comprobar “el trozo de tubería que pasa dentro del perímetro de la finca” de la empresa denunciada, por lo que se tomó la decisión de “encargar a un perito especialista en la materia” la averiguación sobre el origen de las fugas.

Investigación sobre las fugas
Así se identificó según Bajo Almanzora que las pérdidas “no son continuas, sino discontinuas, lo que elimina la posibilidad de que se trate de una avería, y acredita el hecho de que se trata, sin lugar a dudas, de una pérdida por defraudación de agua, acotándose el punto de dicha defraudación en el tramo que discurre dentro de la finca” a la que “no se puede acceder”.

Pese a que entonces se presentó una denuncia, la “falta de diligencias” y de avances en el procedimiento llevó a la comunidad a realizar un nuevo informe en 2021 consistente “en la introducción en la tubería de un colorante, mientras se comprobaba que se estaba produciendo extracción clandestina de la tubería”, a fin de comprobar si esa agua con el colorante aplicado “iba a parar a alguno de los embalses que sitúan en la explotación”, comprobándose según el querellante que, efectivamente, al poco tiempo de introducirse el tinte, apareció uno de los embalses de la finca en cuestión”, aseguran en el documento presentado ante el juzgado.

En total, la comunidad de regantes estima en "más de 110.000 metros cúbicos" el bien líquido presuntamente sustraído.