Acuerdo con Spancrete: Antas consigue rebajar su deuda en 1,5 millones

Aunque lejana, ya se ve la luz al final del túnel en el 'caso Spancrete' de Antas, donde esta tarde el Pleno ha aprobado por unanimidad la firma de un préstamo con Cajamar por valor de 1,4 millones para saldar la deuda que el Ayuntamiento arrastra desde hace años y en la que, tras meses de negociaciones con las partes implicadas, el equipo de gobierno ha logrado una rebaja de más de 1,5 millones de euros.

Así, según ha explicado hoy durante la sesión plenaria el alcalde Pedro Ridao, de la cifra inicial a pagar de 2,916 millones, el Ayuntamiento y sus servicios jurídicos han conseguido bajar a 1,4 millones, prácticamente la mitad del montante inicial.

La desagregación de la deuda, notablemente reducida tras las gestiones municipales, sería de 2,57 millones derivados de la sentencia, más IVA e intereses; 123.459 euros de costas judiciales y 213.462 euros más de los honorarios del abogado que ha representado los intereses del Ayuntamiento.

Ridao ha concluido que “es un día triste para Antas por la sentencia”, aunque “como alcalde", ha matizado, "estoy muy contento y satisfecho por el trabajo realizado por este equipo de gobierno, por nuestro abogado, por el personal del Ayuntamiento en las negociaciones que han sido muy duras, y agradecido a los Servicios de Asesoramiento Económico de la Diputación Provincial de Almería, así como a Cajamar y a Spancrete por el esfuerzo económico que han hecho a favor del pueblo de Antas y la buena predisposición a finalizar este problema”. 

La firma del préstamo con Cajamar da por zanjado este dilatado pleito iniciado a finales de 1999. Ridao ha dado cumplida cuenta a la corporación tanto de las negociaciones como de la distribución de los pagos. Así, se pagarán 900.000 euros a Cajamar, 250.000 a la empresa Spancrete y 260.000 a la Agencia Idea de la Junta de Andalucía, la única parte que no ha accedido a rebaja alguna en la cuantía. 

"Condiciones favorables"

En total, 1,41 millones de euros que se afrontarán con un préstamo de 1,40 millones suscrito con la propia Cajamar. El regidor también ha pormenorizado las condiciones de un crédito en el que, durante los dos primeros años, solo se pagarán intereses de 581 euros cada tres meses. Será a partir de entonces cuando el Ayuntamiento deberá abonar de manera trimestral 35.298 euros en concepto de capital más intereses. En cómputo anual serán 141.194,60 euros durante 10 años.

Los dos años de carencia estipulados obedecen, según detalló el alcalde, a que “actualmente tenemos vivo un préstamo con el Banco Santander que viene de refundir dos existentes para pago a proveedores pedidos, uno en 2012 por un importe de de algo más de 1,4 millones y otro en 2013 de 270.573 euros”.  

“A día de hoy", especificó el alcalde en su intervención, "nos quedan por pagar 621.997 euros los cuales, si todo va bien, se liquidarán en mayo de 2023, fecha en que empezaremos a pagar el préstamo de Spancrete”. 

Pleno turbulento

Por otro lado, el pleno, de casi dos horas de duración aunque solo había un punto en el orden del día, ha tenido momentos tensos con cruce de acusaciones entre el Partido Popular y el equipo de Gobierno.

En la discusión, ambos grupos se han remontado a momentos clave del pasado del municipio que explican la enorme deuda contraída, especialmente al pleno en el que, hace ya 21 años, se aprobó el cambio de calificación de la parcela Caballón y Campo de la Ballabona para poder venderla a la empresa con los votos a favor de cuatro concejales socialistas y la ausencia de los concejales populares en la votación.

La portavoz popular, Isabel Belmonte, ha cargado contra el equipo de Gobierno, tras considerar que este estaba culpabilizando al Partido Popular por no presentarse al pleno para votar 'no' a la recalificación de terrenos y denunciar posteriormente la operación, lo que motivó que la Justicia anulara la venta de la parcela a la empresa Spancrete, con la consiguiente deuda resultante.

Belmonte se ha defendido alegando que en el momento en el que se celebró dicho pleno no estaban presentes en el municipio todos los concejales populares, sino solo tres, por lo que se encontraban en minoría y, sin opción para paralizar una operación que llevaban tiempo denunciando, decidieron no presentarse al pleno.

En cuanto a la denuncia presentada por su grupo, que inició un proceso legal zanjado en febrero del año pasado con una sentencia del Tribunal Supremo confirmando la obligación de pagar la deuda al Ayuntamiento, ha defendido que se trataba de una obligación ante un acto de prevaricación por parte del equipo de gobierno de aquella época.

Asimismo, el alcalde y el concejal Pedro Rodríguez han afeado a los concejales populares que no tomaran cartas en este asunto en más de diez años de gobierno de su partido en el municipio, ya que el actual equipo de Gobierno se encontró con el problema cuando entró a gobernar en 2019, momento en el que los intereses habían hecho engrosar considerablemente la deuda.