Unidos por Baria: “Las obras en el yacimiento violan la Ley de Patrimonio”

Desde Unidos por Baria (UPB) aseguran que no van a parar hasta dar al traste con las obras para la construcción de 24 viviendas sobre parte del yacimiento arqueológico fenicio y romano al que la asociación debe su nombre.

La agrupación, que cuenta con años de compromiso con la defensa del enclave histórico (sus integrantes ya pararon las obras de 2004 en el yacimiento) celebró ayer su Asamblea General Anual, una sesión en la que fueron nombrados los integrantes de la nueva Junta Directiva. Se trata de una reorganización necesaria para la tarea que se ha marcado el grupo, que se encontraba sin presidente, cargo para el que resultó elegido el historiador y editor turrero Juan Grima, anterior vocal, mientras que la joven ecologista Laura Rodríguez (Graeca) fue nombrada vicepresidenta.

Sin licencia

Durante la sesión se anunció la medida en la que la asociación tiene ahora puestas sus mayores esperanzas: la presentación de una denuncia para tratar de frenar la construcción del edificio, que lleva por nombre ‘Smile Land’ y viola, según entienden desde UPB, las leyes 1/1991 y 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, ya que “no está amparado por la preceptiva autorización administrativa que con carácter previo prescribe el artículo 52” de dichas leyes. 

Además, según denuncian, tampoco “se está siguiendo el protocolo prescrito para los hallazgos casuales en el artículo 50” de la norma, que regula la protección de cualquier resto arqueológico que aparezca en este y otros yacimientos, y por lo tanto los trabajos de excavación iniciados, que están siendo ejecutados con una máquina retroexcavadora y han desvelado nuevos restos arqueológicos desconocidos hasta la fecha, podrían constituir una “infracción administrativa grave” según el “artículo 41 del Decreto 168/2003”, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, no siendo descartable que los mismos pudieran “incurrir en un tipo delictivo relacionado con los daños al patrimonio histórico”.

Desde la asociación entienden que, especialmente tras haberse hallado nuevos restos que no fueron tenidos en cuenta en la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba el uso de este suelo con propósitos urbanísticos, la parcela ha de considerarse un yacimiento arqueológico de pleno derecho, lo que obliga a la empresa constructora a obtener una autorización emitida por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía para realizar la excavación arqueológica, licencia de la que la compañía carece, según afirman.

En el escrito preliminar de la denuncia, que fue leído durante la sesión, se solicita a la Consejería de Cultura que se abran las diligencias necesarias para la investigación de estos hechos “con el fin de la inmediata actuación preventiva para la protección del patrimonio arqueológico andaluz” y que, de apreciarse indicios de delito, se trasladen las diligencias a la fiscalía.