Mojácar

Vecinos de Mojácar denuncian que su piscina ha sido usurpada por empresas

Las empresas han instalado un acceso con llave magnética para impedir el paso a los vecinos

Los vecinos salieron el otro día a la calle para reivindicar el apoyo de las administraciones.
Los vecinos salieron el otro día a la calle para reivindicar el apoyo de las administraciones. La Voz

Los vecinos de la urbanización Mirador del Mar de Mojácar están apunto de embarcarse en una batalla judicial tras verse privados de utilizar la piscina y el club social de su propia urbanización, ya que según denuncian, estas instalaciones se las han 'apropiado' de manera "ilegal" tres empresas dedicadas al alquiler de pisos vacacionales que operan en la comunidad de vecinos: Vista Mojacar, Villas Mojamar playa y El Gran González.


En un comunicado remitido por representantes vecinales a La Voz de Almería, se explica como se ha llegado a esta extraña situación. Los hechos que denuncian los vecinos, que recientemente se reunieron a las puertas de su urbanización para protestar al grito de "lucha vecinal, amparo judicial", se remontan al año 2018, cuando en la urbanización en la que residen, en la playa de Mojácar, surgió un problema con la piscina, que comenzó a sufrir una fuga masiva de agua.


Tras acordar, en una reunión, que sería necesario cerrar la piscina debido al alto importe de las facturas del agua, que sobrepasaban el presupuesto comunal, las tres empresas dedicadas a los alquileres de pisos vacacionales que poseen propiedades en la urbanización se ofrecieron a pagar los gastos para poder mantener la piscina abierta para que la usaran sus huéspedes hasta el final de la temporada, según afirman.


Los residentes de la urbanización afirman que accedieron, pero "siempre y cuando estas empresas se hicieran cargo del gasto del agua y de cualquier otro derivado de esa apertura en precario y con una instalación con graves defectos y asumiendo ellos cualquier responsabilidad que pudiera derivarse". No obstante, al final de la temporada, según denuncian "se negaron a pagar, nos dejaron miles de euros en deuda y no pudimos hacer el trabajo importante necesario para arreglar la piscina".



"Usurpación" de la comunidad 

Siempre según el relato de los vecinos, tras proponer a un presidente alternativo que no fue aceptado por la junta general de propietarios, el presidente anterior fue reelegido y "se acordó, en un reunión extraordinaria en febrero de 2019, mantener la piscina cerrada hasta votar el proyecto de reparación y conseguir los recursos económicos para ejecutar los trabajos de reparación". 


Sin embargo, estas tres empresas, debido a que estaban en deuda con la comunidad "no pudieron votar y posteriormente establecieron su propia comunidad, con el mismo nombre y número de registro que el nuestro", prosigue el comunicado vecinal, cuyos autores afirman que las empresas llegaron a declarar "ilegal" a su presidente y empresa de administración, afirmando que "eran la comunidad legal y nombrando a uno de ellos como presidente y su propia empresa de administración". 


Acceso a las cuentas bancarias de los vecinos

Pero fueron más allá, acordando en una junta ordinaria de propietarios "sin notificarlo debidamente a todos los propietarios, aumentar las tarifas de cada casa", concretamente al "doble" de lo que los vecinos pagaban en la actualidad. Los vecinos asimismo denuncian que la nueva comunidad, creada de manera "ilegal", obtuvo acceso "a la cuenta bancaria de la comunidad existente y a todos nuestros datos personales" y que comenzaron a extraer dinero de la cuenta bancaria de de estos vecinos, "usando documentos falsamente creados por ellos para acreditarse ante las entidades bancarias como apoderados de las cuentas y de nuestros recursos económicos".


Según relatan, aunque la mayoría de los residentes pudieron reclamar estos pagos y bloquear su cuenta y posteriormente los vecinos abrieron una cuenta conjunta a su nombre para garantizar que las empresas no pudieran volver a acceder a su dinero, ahora los vecinos afirman no poder hacer frente a los gastos que requiere la comunidad de vecinos, ya que han de usar todo el dinero "para pagar los gastos legales, para luchar contra la acción criminal".


"Inicialmente contamos con el apoyo de nuestra señora alcaldesa y el Ayuntamiento, ya que salió a la luz que las empresas estaban operando sus negocios de manera ilegal, ya que no tenían licencias municipales de apertura, pero, lamentablemente, parece que el Ayuntamiento no actuó con la suficiente rapidez y las órdenes de cierre emitidas a los tres negocios quedaron invalidadas porque el Ayuntamiento tardó más de un año en actuar". Fuentes del Ayuntamiento, no obstante, aclaran que el la extinción del proceso administrativo no se debe a una excesiva tardanza por parte del Ayuntamiento sino a la natural transición del mismo del ámbito administrativo al judicial.


Sin acceso a su propia piscina

Ahora, según afirman "el comportamiento delictivo" de estas empresas los ha llevado a una situación en la que, aunque ninguno de ellos "está endeudado", les es imposible acceder a su propia piscina, ya que "la comunidad ilegal, administrada por los tres negocios turísticos, ha instalado acceso con tarjeta de llave magnética y no permite que los residentes usen las instalaciones" porque, según defienden las empresas, los vecinos se encuentran "en deuda" con ellas.


"Es ilegal cerrar una propiedad común de todos alegando que no hemos pagado 'sus cuotas', porque la Ley de Propiedad Horizontal no contempla esa restricción en caso de impago, es una realización arbitraria del propio derecho, que es un delito penal contemplado en la legislación española y un presunto delito de coacciones, pues estas empresas han colocado un empleado a sueldo para impedirnos el paso", alertan la comunidad de vecinos, compuesta en su mayor parte por "personas jubiladas con las patologías propias de la edad o de familias con hijos que no pueden enfrentarse de forma directa a estos medios coercitivos por la fuerza".


Desde la urbanización afirman que están interponiendo acciones judiciales pero solicitan "el amparo de las administraciones ante la indefensión en la que se encuentran 33 familias de recursos modestos" frente a estas tres empresas.

 

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