¿Cuántas casas ‘sin papeles’ hay en Almería? Alrededor de 60.000

No se trata de una “amnistía” pero se le parece. Ocho días después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reuniera en la localidad almeriense de Fines con propietarios de viviendas irregulares o fuera de ordenación, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto ley que “pone fin a años de caos jurídico y urbanístico con una norma basada en la protección ambiental y en la simplificación de trámites”.

En realidad, se trata de “dar papeles” a miles de viviendas que fueron construidas en distintos puntos de la provincia de Almería, y en otras zonas de Andalucía, sin ningún tipo de licencia urbanística.

Solo en la zona del Almanzora se calcula que hay unas 2.000 viviendas en los llamados “asentamientos”: núcleos urbanos que se han configurado como auténticas barriadas en mitad del campo, donde antes solo había montes de secano y matorral. Las cifras de esos “asentamientos” fueron aportadas ayer por uno de los portavoces de la asociación AUAN, Gerardo Vázquez, en declaraciones a la Cadena SER Levante.

Vázquez, de forma prudente, mostró su “satisfacción” por el acuerdo de ayer. “El PP ha cumplido con su palabra”.

Tras el Consejo de Gobierno de ayer compareció en rueda de prensa la consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.

Al margen de explicar con detalle el contenido del decreto ley, la titular del ramo ofreció datos “estimativos” de las viviendas irregulares que se beneficiarán de las medidas urbanísticas: más de 300.000 en toda Andalucía y alrededor de 60.000 en Almería y zonas adyacentes.

“El objetivo principal es mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares. Para su regularización se impondrán medidas destinadas a corregir los efectos del crecimiento desordenado e indiscriminado que provoca la sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo”, destacó la consejera de Fomento.

Para la consejera, con este decreto ley no se pretende dar una “amnistía”, ya que se priorizará “la actuación inspectora y sancionadora”, pero al mismo tiempo se da una respuesta a la problemática actual sustentándose la norma en tres pilares.

El primero parte de la instrucción urbanística aprobada en mayo, que ampliaba la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO). Esta figura no supone una legalización sino el reconocimiento de una situación de irregularidad ante la que, al prescribir el delito, no cabe adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad. La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

Asimismo, los asentamientos deberán figurar en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrán que desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada uno de los asentamientos, explica la Junta en una nota.