Carboneras

La carga del mineral de Alquife en tres buques tendrá “todas las garantías”

La delegada del Gobierno de la Junta pide “tranquilidad” a los vecinos de Carboneras

Concentración contra la llegada del mineral de Alquife celebrada el pasado mes en el Puerto de Carboneras.
Concentración contra la llegada del mineral de Alquife celebrada el pasado mes en el Puerto de Carboneras. La Voz

“Si puedo dar algún mensaje a los vecinos de Carboneras sería el de tranquilidad”. Este ha sido el mensaje que la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez, ha transmitido a la población carbonera al ser preguntada por la llegada del mineral de Alquife al puerto de este municipio del Levante.


En declaraciones a la Cadena SER Levante, Sánchez ha informado de que las pruebas para transportar el hierro de las minas granadinas al Puerto de Carboneras se encuentra “en fase de estudio”  mediante la elaboración de “un informe previo de emisiones a la atmósfera para ver si se puede cargar o no el mineral”. En el caso de que los estudios sean favorables, la delegada del Gobierno en la provincia ha asegurado que “en principio estaríamos hablando solamente de una prueba de tres buques y si eso va adelante y se autoriza es porque cumple absolutamente con todos los parámetros y con toda la legislación”.


Vigilancia y control
En este sentido, Maribel Sánchez ha anunciado que el traslado consistiría en la carga de “tres buques” y que se realizaría con “todas las garantías” puesto que la legislación actual cuenta “con muchas medidas correctoras” , además de advertir que “la Junta de Andalucía va a estar muy encima” de este asunto.

“Lo que a nosotros nos preocupa es la garantía de que no haya ningún problema ni para las personas ni medioambiental” ha aclarado Sánchez antes de detallar que si el proyecto “va para adelante y se carga el material” en el puerto carbonero “no va a haber ningún riesgo para la salud de las personas”.


El anuncio del traslado del mineral de Alquife a Carboneras ha movilizado a buena parte de la sociedad de esta localidad del Levante almeriense, logrando el consenso de todos los grupos políticos del municipio  contra las pruebas y contando con la movilización de cientos de vecinos que, semanas atrás, participaron en una concentración de protesta convocados por una plataforma ciudadana que aglutina a asociaciones y colectivos con motivo de las pruebas anunciadas. La delegada ha afirmado que entiende la preocupación y respeta las movilizaciones pero que “no se va a hacer lo que no se puede hacer” ya que "estaríamos hablando de esos tres buques pero que llevan una infinidad de medidas correctoras para que no haya ningún problema ni para la salud ni ambiental”.


Viviendas alegales
Otro asunto sobre el que se ha pronunciado Sánchez ha sido el de las casas alegales fuera de ordenación. Sobre esta problemática y los anuncios realizados por la Junta para regularizar miles de viviendas, la delegada ha recordado que “hace un mes se abrió una instrucción para que muchas viviendas puedan tener ya luz y agua” y ha anunciado que “la consejería está trabajando en un decreto” para “dar garantía” a miles de viviendas y “darles ese futuro accediendo a los servicios básicos”.


Mientras, la Junta trabaja en la modificación de la ley urbanística aunque este proceso puede prolongarse varios años. De este modo, Sánchez ha valorado que el nuevo gobierno andaluz haya puesto “realidades” sobre la mesa “en seis meses que llevamos gobernando” ante un problema al que considera que “el PSOE le ha dado la espalda”.


Satisfacción por los avances en la autovía del Almanzora
Sobre el reciente anunció de la adjudicación del tramo El Cucador-La Concepción de la autovía del Almanzora, la delegada del Gobierno de la Junta ha reconocido que esta infraestructura “ha sido uno de los grandes caballos de batalla” cuando el PP estaba “en la oposición” y ahora que “quien está al frente es Juanma Moreno no ha dejado pasar el tiempo y se han puesto encima de la mesa esos 25,3 millones”. Maribel Sánchez se ha mostrado “satisfecha”  aunque ha reconocido su “tristeza” por los “18 millones de euros que la Junta tuvo que poner para rescindir el anterior contrato por la mala gestión” del anterior gobierno.

 

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