Afectados por las casas alegales aplauden el anuncio de nuevas regularizaciones

Los afectados almerienses por las casas alegales construídas fuera de ordenación todo durante la época del ‘boom’ inmobiliario de la pasada década han abrazado con entusiasmo el anuncio de la aprobación inmediata, en esta semana, de una instrucción que posibilitará que más viviendas irregulares accedan a los servicios básicos.

Mientras, en paralelo, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Marifrán Carazo, también ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Parlamento andaluz que se está ultimando un decreto ley que, a la espera de la nueva Ley de Urbanismo, será el instrumento que permitirá resolver los problemas de muchas de estas construcciones. Ese decreto ley será aprobado por el Consejo de Gobierno antes de que acabe el actual periodo de sesiones, antes del verano, según ha informado la consejera.

Maura Hillen, la presidenta de la asociación Abusos Urbanísticos Andalucía No (AUAN), y el abogado portavoz de la misma Gerardo Vázquez, han reconocido sentirse “exhaustos pero alegres”, tras su viaje relámpago desde Almería para acudir a la comparecencia de la consejera de Fomento y Ordenación del Territorioy se han mostrado “muy contentos” ya que “por fin vemos una firme y clara voluntad de resolver este gran problema de las viviendas irregulares”

De hecho, la satisfacción entre el colectivo de afectados llega a tal punto que Vázquez ha asegurado que oir “a la señora consejera es casi como oírnos a nosotros mismos”, añadiendo que en el Valle del Almanzora han sido “muchos años de lucha, muchos pleitos tratando de evitar la demolición de casas, muchas lágrimas cuando los afectados se enteraron de su situación, muchos viajes a diversas partes de la geografía española, y muchos caídos por el camino, que fallecieron antes de ver sus casas regularizadas”

Por su parte, Maura Hillen espera “tener la oportunidad de expresar nuestras sugerencias y habrá que ver los textos, pero ayer fue para nosotros un día importante. Creemos que es el principio del fin de un largo camino. Nos gustó mucho lo que dijo la señora consejera y también nos gustaron las intervenciones de la generalidad de los partidos políticos”.

Medidas a aprobar
Carazo ha explicado que la aprobación de este decreto ley conlleva la derogación de dos leyes y dos decretos ley hoy vigentes, "adelgazando, simplificando y unificando la normativa en esta materia". Además, ha anunciado que esta misma semana se va a dictar una instrucción permitiendo la declaración de asimilado fuera de ordenación (AFO) en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, "haciendo efectivo lo que hoy recoge la norma al aplicar un nuevo criterio y decisión política".

"Se trata de permitir el reconocimiento AFO sin tantas cortapisas e impedimentos", ha añadido, tras apuntar que el reconocimiento AFO permite a los propietarios el acceso al Registro de la Propiedad, y a los servicios básicos (abastecimiento y depuración de aguas, electricidad y gestión de residuos), mejorando la calidad de vida y la habitabilidad de las viviendas.

En cuanto a la solución a los asentamientos en suelo no urbanizable, la consejera la ha tildado de "más compleja". "La normativa actual no permite otro modo de actuar que incorporar esas urbanizaciones a los planes generales de ordenación urbanística (PGOU), un proceso complejo, lento, y que en numerosos casos ha acabado en PGOU suspendidos o anulados por los tribunales, con lo cual se tarda años en solucionar el problema y la solución nunca llega. Para estos casos no es suficiente una mera instrucción, sino que es necesario cambiar la actual normativa", ha explicado.

Por eso, ha informado de que el nuevo Gobierno andaluz tiene previsto la aprobación de un decreto ley de adecuación ambiental y territorial de las actuaciones irregulares que derogará la normativa anterior (dos leyes y dos decretos) que, además de refundir normas, solucionará el problema de muchos de estos asentamientos. A continuación, Marifrán Carazo ha detallado qué incluirá este decreto ley: en primer lugar, se permitirá que pueda ser declarado el AFO en viviendas irregulares situadas en los asentamientos, permitiendo el acceso al Registro de la Propiedad y, con ello, a los servicios básicos. "Hoy por hoy tenemos muchos ciudadanos viviendo en situaciones de salubridad inaceptables", ha lamentado.

En segundo lugar, se prevé resolver el problema de cada asentamiento sin que se tenga que esperar a la aprobación de los planes generales. Se hará a través de planes especiales autónomos no dependientes de esos planes generales. Para la consejera, se trata "de un problema complejo, que tiene muchas aristas, casi tantas como viviendas irregulares existen en Andalucía", de ahí que haya afirmado que "eso supone analizar y estudiar, casi caso a caso, la situación y circunstancias de cada una de esas edificaciones y pensar y definir las diferentes soluciones concretas en los planes especiales".

Además, en esas zonas se adoptarán "medidas para mejorar la calidad ambiental de los asentamientos, como reforestaciones, mejora de riberas, de caminos y otros servicios con coste a cargo de los propietarios, nunca a priori a cargo de las administraciones", según Carazo, quien ha añadido que la Consejería controlará y evitará que se produzcan nuevas actuaciones irregulares. "Por ello, vamos a priorizar la actuación inspectora, creemos que la inspección debe intervenir al principio de la actuación irregular cuando cause menor perjuicio, actuando con responsabilidad en materia de disciplina urbanística", ha dicho.

La consejera ha señalado que las medidas previstas buscan acabar con "la inacción que durante casi cuarenta años se ha generado en torno al problema de las viviendas irregulares por parte de los gobiernos socialistas". "En Andalucía no se ha sabido abordar esta situación anómala que afecta a miles de familias andaluzas. Son unas 300.000 las familias que están a la espera de que la Junta les resuelva, de una vez por todas, un problema que pesa como una losa sobre ellas desde hace años, que les priva de servicios esenciales y les mantiene en una grave inseguridad jurídica", ha denunciado la consejera.