Albox

La Junta recurre la suspensión judicial de un derribo de una casa alegal

La Administración andaluza ha apelado el auto que paralizó un derribo el pasado mes de enero

Protesta contra las demoliciones de casas alegales años atrás en Cantoria.
Protesta contra las demoliciones de casas alegales años atrás en Cantoria. La Voz

Tras diez años de lucha por evitar la demolición de la casa en la que invirtieron todos sus ahorros y cuando parecía que las decisiones judiciales comenzaban a tener en cuenta el drama humano que esta pareja de jubilados vive desde hace una década, la familia Payne ha sufrido un nuevo revés.


La Junta de Andalucía ha apelado el auto del 21 de enero en el que un juez acordó suspender la demolición que pesaba sobre esta vivienda cuya licencia municipal de obras fue anulada años atrás al encontrarse el inmueble fuera de ordenación. El magistrado consideró entonces que la edificación está en vías de regularización y que a estas alturas ya habría “caducado” el expediente administrativo que abrió la Junta de Andalucía para restablecer la legalidad urbanística; es decir, para derribar este inmueble. Ahora, cuatro meses después de dicha suspensión de la demolición y ya bajo un nuevo Gobierno en Andalucía, las cosas no han cambiado para el matrimonio de origen inglés con respecto a su demandante. 


Argumentos
El auto del Juzgado consideró necesario suspender la demolición “hasta que la junta de Gobierno local de Albox” dictara una resolución que “confirme el reconocimiento” de la casa como asimilado fuera de ordenación (AFO); figura que permite la normalización urbanística de casas alegales.


Sin embargo, en su escrito, la Junta de Andalucía considera que “al no imponer ningún tipo de límite temporal” al Ayuntamiento para que resuelva el expediente y normalice la situación de la vivienda, se deja “a su absoluto arbitrio” la ejecución de la sentencia. Algo que para la Junta “carece de todo razonamiento lógico ya que por mucho que el juzgado califique de inminente la materialización del AFO, lo cierto y verdad es que la realidad es bien distinta”.


Pero la Junta andaluza va más allá en este escrito del 26 de febrero y recuerda “el deber” del Ayuntamiento de Albox de “restablecer el orden jurídico perturbado”, ordenando según la normativa a la que hace referencia “la inmediata reposición de la realidad física alterada”. Es decir, la “inmediata” demolición de la casa. Algo en lo que insiste la Junta en su súplica, en la que pide a la justicia que se “retire” la suspensión de la demolición de la vivienda situada el paraje de Los Guillenes y que se ordene “al Ayuntamiento de Albox que continúe los trámites de ejecución para que se  lleve a efecto la resolución recurrida”.


Una postura que choca directamente con lo anunciado por las formaciones que componen el nuevo Gobierno andaluz (Partido Popular  y Ciudadanos), que en reiteradas ocasiones anunciaron su intención de regularizar y normalizar estas viviendas y con ellas la vida de afectados por las casas alegales como el matrimonio formado por Noel Payne y Christine Payne.

 

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