El Ciemat tendrá que informar de la tierra que trasladó de Madrid a Palomares

La Audiencia Nacional ha dado traslado al Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (Ciemat), a través de la presidenta de la Sala de lo Contencioso número siete, Begoña Fernández Dozagarat,  de una providencia en la que le exige que aporte a la causa abierta por el procedimiento de la tierra contaminada de Palomares “el inventario de todos los materiales radioactivos  almacenados en los dos contenedores ubicados  junto a balsas de riego de Palomares, con indicación de la fecha que fueron trasladados de Madrid a Palomares”.

Este mandato de la Audiencia se produce después de que este periódico revelara en su edición del pasado 23 de octubre del traslado y posterior almacenaje en dos, envíos que sumaron 1.500 kilos de tierra contaminada,  en dos contenedores TIR realizados en 2016 procedente de muestreos con la intención de limpiar, por parte del Ciemat, sus propias instalaciones.

La Audiencia ha admitido la prueba aportada por Ecologistas en Acción y que consiste en la publicación de LA VOZ DE ALMERIA de ese día y la posterior respuesta del Ciemat a esa publicación periodística. El Ciemat reconoció que no informó a las autoridades locales ni provinciales y tampoco al Consejo de Seguridad Nuclear. La sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional pide al Ciemat que, en caso de no existir el citado expediente, lo certifique así el secretario de la institución al entender que el traslado de estos materiales es un “hecho relevante” a la hora de decidir si obliga al regulador atómico a ejecutar el plan de rehabilitación para la zona que se aprobó en 2010.

Transporte clandestino En el escrito de Ecologistas a la Audiencia  se expone que el material radiactivo ha sido depositado “sin los más mínimos requisitos legales, vulnerando la Ley sobre Energía Nuclear de 1964 que considera falta muy grave el abandono de material radiactivo”.

El envió se realizó de forma clandestina, en dos portes en mayo y noviembre de 2016, con una empresa ajena a la homologada para estos traslados,  que es la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa), según Ecologistas en Acción.