Carboneras

Carboneras insiste al TSJA que no puede anular la licencia del Algarrobico

Según el Ayuntamiento, tampoco procede incoar un expediente un expediente de demolición

Hotel de El Algarrobico, en la playa de Carboneras
Hotel de El Algarrobico, en la playa de Carboneras La Voz

El Ayuntamiento de Carboneras ha insistido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en que no puede anular la licencia de obras concedida en 2003 para construir el hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico y que, en consecuencia, tampoco "procede" incoar un expediente de demolición del inmueble.


En el escrito de conclusiones presentado al TSJA en el marco del procedimiento contencioso-administrativo impulsado por Greenpeace para agilizar el derribo del hotel, el Consistorio recuerda que la pretensión de anulación de licencia de obras "ya fue sustanciada" en otro procedimiento, que derivó en la sentencia firme de julio de 2014 del mismo tribunal que validaba la citada licencia sin entrar en el fondo del asunto.


El escueto escrito, de 21 de enero y apenas tres páginas, remite continuamente a su  contestación de demanda ya que considera que, ni la prueba practicada ni el escrito de conclusiones de Greenpeace, modifican lo ya defendido por el Ayuntamiento, que pasa porque no tiene potestad para revisar de oficio la concesión de la licencia de obras ya que este acto debería ir acompañado de una indemnización a Azata cuya cuantía no puede asumir y sobre cuya pertinencia, además, debe decidir la Audiencia Nacional.


"Estaríamos ante un límite de la potestad revisoria de los actos nulos: el ejercicio de la potestad de revisión de oficio deberá ir acompañada de la correspondiente indemnización y este asunto, el de la indemnización, está siendo objeto de revisión judicial estando implicadas otras dos administraciones publicas, Gobierno y Junta de Andalucía", apuntó en su día.


Sobre la demolición, trasladó que "no siendo procedente la revisión de la licencia, tampoco procedería a dar cuenta de la pretensión de que el Ayuntamiento de lleve a cabo el derribo" y recordó que hay un protocolo firmado entre Gobierno andaluz y Ministerio de Medio Ambiente en el que se "reparten el coste y las labores de derribo y restauración del terreno".

 

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