Níjar

¿Quién tiene que arreglar el Cortijo del Fraile? En septiembre se sabrá

El día 11, el juez decidirá si debe rehabiltarlo el Ayuntamiento de Níjar o la Junta

¿Quién tiene que arreglar el Cortijo del Fraile? En septiembre se sabrá
  • El Cortijo del Fraile, un BIC situado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
  • Archivo La Voz
  • E. de la Torre / E. Press
  • 22:53
  • 02.08.2018

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Almería ha señalado para el 11 de septiembre una vista para decidir si el Ayuntamiento de Níjar debe o no adoptar de manera “urgente” medidas para garantizar la conservación y rehabilitación del Cortijo del Fraile, declarado  Bien de Interés Cultural (BIC) o, por si el contrario, es una competencia de la Junta.


En la vista, esta citado como testigo al arquitecto que elaboró el informe de estabilidad sobre la estructura del inmueble, actualmente en manos privadas, para que se ratifique en su contenido.


La misma resolución incorpora al procedimiento fotografías sobre el estado de conservación del Cortijo del Fraile, ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, y copias de recortes de prensa escrita donde se “aprecia la presión ciudadana reclamando una adecuada protección” del BIC. También pide que el Ayuntamiento de Níjar aporte el acuerdo plenario de 9 de septiembre de 2011 sobre la puesta en valor del inmueble y un informe sobre “su grado de ejecución para cumplir con los objetivos aprobados por el pleno municipal”, al tiempo que oficia a la Junta para que envíe copia del expediente incoado al propietario para que proceda al aseguramiento y mantenimiento del cortijo.


El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó en mayo de 2017 al juzgado de Almería que reabriese el procedimiento archivado en 2014 y determinase si el Ayuntamiento nijareño había incurrido en inactividad con respecto a sus obligaciones. El juez que ordenó ese mismo año al Consistorio la adopción cautelar de medidas urgentes ante el estado de deterioro del Cortijo, archivó el procedimiento después de que el TSJA determinase en  diciembre de 2013 que la competencia de su conservación recae en la Junta de Andalucía y anulase las citadas medidas cautelares.


La empresa propietaria finalizó en marzo de 2017 las obras de consolidación exigidas por la Junta de Andalucía y que contaron con un presupuesto de unos 47.600€.

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