La Voz
22:52 • 18 abr. 2018
El grupo municipal Somos Mojácar denuncia que la alcaldesa, Rosa María Cano, “ha obviado una sentencia de 2013 que la obliga a convocar plenos municipales al menos una vez cada dos meses”.
La concejala Jessica Dee Simpson ha interpuesto en los Juzgados de Vera una denuncia contra la alcaldesa, “por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial”. Rosa María Cano fue denunciada en 2013 por negarse a celebrar los plenos ordinarios en el Ayuntamiento de Mojácar que marca la Ley, impidiendo así a los concejales del resto de partidos realizar su labor de oposición.
La denuncia se tramitó entonces en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, “donde quedó acreditado que la alcaldesa del PP incumplía reiteradamente, por mera conveniencia política y personal, la obligación legal de convocar plenos ordinarios como mínimo cada dos meses, y de ese modo evitaba que llegaran al pleno municipal las propuestas, mociones, ruegos y preguntas de los distintos grupos municipales”, señala Somos Mojácar en un comunicado.
Dicha denuncia fue estimada por la autoridad judicial, “que impuso a la alcaldesa la obligación de convocar y celebrar los plenos ordinarios legalmente establecidos”, añade. Sin embargo, desde entonces, asegura Simpson, “la actitud de la alcaldesa del PP ha sido la misma que había tenido antes; es decir, ha obviado el dictamen de la autoridad judicial”.
Por otra parte, la concejala de Somos Mojácar recuerda que Rosa María Cano ha sido denunciada también por el Defensor del Pueblo “por no facilitar los expedientes que le fueron requeridos por dicho Defensor tras la denuncia de varios ciudadanos”.
En la denuncia interpuesta este miércoles por Somos Mojácar se explica que este grupo tiene pendientes ocho mociones para el próximo pleno ordinario, “pero no ha sido convocado ningún pleno ordinario desde el pasado mes de enero, sin ninguna justificación por parte de la alcaldesa”.
“Esa reiteración en su comportamiento, a sabiendas de su ilegalidad, es sin duda constitutiva de un delito de desobediencia a la Autoridad Judicial, recogido en el artículo 410 del Código Penal, por incumplir el mandato judicial de la sentencia de 11 de septiembre de 2013. Los perjudicados no sólo somos los grupos de la oposición, sino todos los ciudadanos y ciudadanas de Mojácar”.
La concejala Jessica Dee Simpson ha interpuesto en los Juzgados de Vera una denuncia contra la alcaldesa, “por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial”. Rosa María Cano fue denunciada en 2013 por negarse a celebrar los plenos ordinarios en el Ayuntamiento de Mojácar que marca la Ley, impidiendo así a los concejales del resto de partidos realizar su labor de oposición.
La denuncia se tramitó entonces en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, “donde quedó acreditado que la alcaldesa del PP incumplía reiteradamente, por mera conveniencia política y personal, la obligación legal de convocar plenos ordinarios como mínimo cada dos meses, y de ese modo evitaba que llegaran al pleno municipal las propuestas, mociones, ruegos y preguntas de los distintos grupos municipales”, señala Somos Mojácar en un comunicado.
Dicha denuncia fue estimada por la autoridad judicial, “que impuso a la alcaldesa la obligación de convocar y celebrar los plenos ordinarios legalmente establecidos”, añade. Sin embargo, desde entonces, asegura Simpson, “la actitud de la alcaldesa del PP ha sido la misma que había tenido antes; es decir, ha obviado el dictamen de la autoridad judicial”.
Por otra parte, la concejala de Somos Mojácar recuerda que Rosa María Cano ha sido denunciada también por el Defensor del Pueblo “por no facilitar los expedientes que le fueron requeridos por dicho Defensor tras la denuncia de varios ciudadanos”.
En la denuncia interpuesta este miércoles por Somos Mojácar se explica que este grupo tiene pendientes ocho mociones para el próximo pleno ordinario, “pero no ha sido convocado ningún pleno ordinario desde el pasado mes de enero, sin ninguna justificación por parte de la alcaldesa”.
“Esa reiteración en su comportamiento, a sabiendas de su ilegalidad, es sin duda constitutiva de un delito de desobediencia a la Autoridad Judicial, recogido en el artículo 410 del Código Penal, por incumplir el mandato judicial de la sentencia de 11 de septiembre de 2013. Los perjudicados no sólo somos los grupos de la oposición, sino todos los ciudadanos y ciudadanas de Mojácar”.
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