Nueva ofensiva de los afectados para regular miles de viviendas con la LOUA

Los afectados por la compara de viviendas fuera de ordenación en la provincia, sobre todo en las comarcas del Almanzora y el Levante, han materializado su última ofensiva que, de salir adelante, permitiría la regularización de miles de casas alegales  en Almería y la comunidad autónoma.

La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) que aglutina a gran parte de los afectados ha presentado sus alegaciones para la futura Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía (LUSA). 

Ley en trámite
La tramitación de la regulación que regirá el desarrollo urbanístico en Andalucía se encuentra en fase de anteproyecto por lo que, al no recoger alguna de las claves que AUAN cree imprescindibles para normalizar la situación urbanística, ha hecho llegar sus alegaciones a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Según el documento remitido por la asociación y al que ha tenido acceso este periódico, uno de las medidas para lograr la regularización definitiva de las viviendas es la posibilidad de dar un certificado de AFO (asimilado fuera de ordenación) a las construcciones en asentamientos urbanísticos; algo que no recoge la actual LOUA  y que tampoco refleja el anteproyecto. El certificado, si bien no sirve para legalizar por completo una casa, sí que  permite, por ejemplo, acceder a los servicios básicos como luz y agua. Desde AUAN no entienden la “desigualdad” en el tratamiento entre casas “en parcelación y un asentamiento”, ya que las primeras sí pueden obtener el certificado pese a que, en muchos casos, su situación es similar.

Problemas reales
“En el Valle del Almanzora, por ejemplo,  existen numerosas viviendas en asentamientos que se encuentran embargadas por deudas del promotor y que corren el riesgo de ser subastadas, dado que el promotor, muchas veces con graves problemas económico, aún figura como titular”, explican desde AUAN. Sin embargo, esta situación se podría solucionar “si estas viviendas pudiesen acceder al AFO” lo que “les permitiría la segregación y la consiguiente obtención del título”.

De igual modo, la asociación ha censurado el “excesivo plazo de prescripción-caducidad de la infracción urbanística”. Desde AUAN recuerdan que recientemente ya se incrementó el plazo que permite actuar contra una vivienda de cuatro a seis años mientras que ahora se desea elevar hasta los ocho años.