Una crisis acentuada por la COVID

Estos días se ha cumplido el primer aniversario oficial del coronavirus en España. Oficial porque, aunque las alarmas no saltaron hasta mediados de marzo del pasado año, lo cierto es que el virus ya llevaba un tiempo entre la población europea. 

La pandemia llegó para cambiar la vida de todos y en todos los sectores posibles, así como de los hogares españoles. Sin embargo, algunos gremios no se detuvieron: todos los relacionados con la agroalimentación. El  abastecimiento no podía parar.

Pese a esto, los agricultores almerienses se encontraron con bastantes piedras en su camino. Entre ellas, una vez más, la escasez de agua. Los problemas en los trasvases, los embalses medio vacíos y los altos costos del agua desalada chocaban con las bajas tarifas que percibían por su producto final. Esto, sumado a la crisis económica que ya de por sí atravesaba todo el país, empeoró la situación.

Familias en riesgo

Pero no es este el problema más profundo de los que ha acarreado la actual pandemia. Como en todas las situaciones de emergencia social, los problemas se acentúan en aquellas familias en riesgo de exclusión.

Se ha demostrado que el coronavirus se extiende con más facilidad en aquellos lugares donde el agua escasea, no solo por la falta de condiciones higiénicas que esto produce, sino porque el propio organismo pierde efectividad ante los agentes externos.

Esto ha hecho que miles de familias sin acceso a agua se vean afectadas profundamente en esta pandemia, un drama al que solo las administraciones pueden poner freno.

El agua es un bien preciado, un derecho al que no todos tienen acceso. Las desaladoras se presentan como una solución a medio plazo para abastecer a una población humana que sigue creciendo década a década. Sin embargo, el coste de producción todavía es demasiado elevado. Problemas que hay que solucionar cuanto antes.