“El Pacto Verde Europeo debería aplicarse también a países terceros”

Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible de la Junta

Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. La Voz

Antes de visitar Fruit Logistica, la consejera de Agricultura Carmen Crespo reflexiona sobre los principales ejes del sector. Mirando a Berlín y mirando a Andalucía y a Almería. 


¿Qué destacaría de la agenda que tiene prevista para esta edición de Fruit Logistica?

Después de unos meses de atención a las preocupaciones del sector, no solo el hortofrutícola, sino también el del olivar, vamos a estar en esta feria tan interesante en la que vamos a poder estar en contacto con las empresas de Almería y de otras provincias. También vamos a explorar cómo está la horticultura. Junto con Hortiespaña y en contacto con las interprofesionales de Francia, Holanda e Italia, analizaremos el futuro de la PAC y como estas organizaciones pueden influir en dicha normativa tan importante.  Por ejemplo en materia de retiradas de producto o de promociones de la oferta hortofrutícola. Además, estaremos presentes en el VI Congreso Internacional de Frutos Rojos con Freshuelva. Este sector es ejemplo en sostenibilidad, innovación y comercialización. 


¿Cree usted que las producciones hortofrutícolas andaluzas y almerienses en particular gozan en Europa del reconocimiento que merecen?



Las frutas y verduras andaluzas y almerienses gozan de prestigio en Europa. Sin embargo, no podemos dejar de evolucionar y crecer en innovación y sostenibilidad.  Y esa exigencia debería repercutir en los precios, porque también lo hace en los costes.  El llamado Pacto Verde Europeo, que implica una exigencia mayor  de sostenibilidad y, por tanto, de los costes, debería ser tenido en cuenta también a la hora de contemplar los acuerdos con países terceros. Es decir, que las importaciones atiendan las mismas exigencias que las producciones europeas. Entre otras cosas, para que nuestras producciones estén protegidas y, a la vez, no confundamos al consumidor.   


¿Qué implicaría esta reflexión?

Creo que  es necesario aplicar un principio de preferencia para nuestras frutas y hortalizas desde la Unión Europea.  Existe una tendencia emergente en Europa que se rige bajo el principio “de la granja a la mesa”. Esta identificación de la agricultura con la idea de producción cercana ensambla perfectamente con la idea de una agricultura europea protegida.  Por eso, insisto en que los acuerdos con países terceros deben incluir las mismas exigencias en materia de sostenibilidad y seguridad alimentaria. La Unión Europea debería evitar que dichos acuerdos sean lesivos para las agriculturas europeas, por ejemplo revisando contingentes de entrada, calendarios y precios.


Este planteamiento entronca directamente con las reclamaciones del sector que están protagonizando la campaña. ¿Cómo ve usted esta situación?   

Las crisis de precios constituyen un fenómeno que nos obliga a trabajar de otra manera. Representan un grave problema, pero también plantean la necesidad de para innovar y anticiparse así a otras situaciones adversas en este sentido. Por eso, estamos manteniendo una interlocución permanente con el sector. Estamos convencidos de que es imprescindible la planificación.  En definitiva, tenemos que comercializar mejor. Realizar estudios de mercado que permitan saber cómo se va a desarrollar la campaña. por otro lado, es imprescindible profundizar en la innovación. En ese sentido, será esencial la Plataforma de Innovación Agroalimentaria. Su carácter público privado permitirá conjugar la I+D de la investigación de ámbito institucional con la que se desarrolla en las empresas. Y no solo para alcanzar un mayor nivel de calidad y eficacia, sino también una mayor capacidad de adaptación a las nuevas normativas, sobre todo en materia de sostenibilidad.


Las reclamaciones del sector van dirigidas sobre todo a la Administración pública....

Evidentemente, hay  medidas que son esenciales y que competen a Bruselas y a Madrid, sobre todo para que funcione correctamente la cadena de valor. Nosotros, desde Andalucía, como potencia agrícola que somos,  debemos estar vigilantes en ese sentido. También plantear a la Unión Europea la necesidad de contemplar la comercialización dentro de la PAC. El Pacto Verde Europeo va a contar con fondos, pero la comercialización no puede quedar al margen. La OCM ha venido siendo muy útil, pero presenta carencias importantes en temas como la retirada de producto o los mecanismos de respuestas ante las crisis de precios.Temas, en definitiva que deben ser abordados por las interprofesionales. 


Por nuestra parte, desde la Junta de Andalucía lo que hemos hecho es cumplir por primera vez en la Comunidad con la regla N+3 que afecta a la ejecución de los fondos europeos asignados a Andalucía. Después de un año muy duro de trabajo, desde la Presidencia de la Junta y de la Consejería, hemos impedido que se perdieran unos  152 millones de euros de Fondos Europeos.


¿Cómo valora la sintonía en materia de política agrícola entre el Gobierno y la Junta?

Utilizando una frase coloquial, quiero recordar que en Agricultura hablamos de las cosas de comer. Y de las cosas que nos dan de comer. por eso, dejamos al margen cuestiones políticas cuando hablamos de Agricultura. Esencialmente, nosotros somos partidarios de acuerdos que beneficien al sector. Esto no quiere decir que no existan visiones diferentes. Por ejemplo, en cuanto a la agilidad que merecen las medidas y las iniciativas. Nosotros somos bastante rápidos y algunos han sido muy lentos. Por ejemplo en la revisión de la ley de la Cadena Alimentaria o en las reclamaciones a Bruselas en el respeto que merecen nuestros productos.  


Ante la llegada del Brexit hemos trabajado de forma coordinada con la Administración Central. Pero existen retos que precisan respuestas rápidas como es el caso de los aranceles. Si no actuamos con diligencia, podemos perder un tiempo precioso...  Y el sector lleva mucho tiempo perdiendo rentabilidad. 


Los trabajos previos para la redacción del Pacto del Agua están recogiendo aportaciones sectoriales estos días ¿Es fácil entenderse con los regantes andaluces?

La dificultad del problema del agua no parte de los regantes. El verdadero problema era la distancia que existía ente las dos consejerías que antes se ocupaban de la Agricultura y del Medio Ambiente. Estaban tan separadas que todo generaba problemas. En realidad, el regante es un amigo del agua. Si existen normas claras y todo el mundo las respeta no debe existir ningún obstáculo ni controversia alguna. Así, todas las partes implicadas se respetan entre sí. Precisamente, para respetarnos entre todos nació el Pacto Andaluz  por el Agua.  El agua es un bien común, una cuestión de Estado. Andalucía es el Sur del Sur y no nos sobra el agua. Por eso, su uso debe estar regulado. Pero no es más respetuoso con el agua quien impide su uso, quien no hace nada. Andalucía está ahora implicada en ampliar las posibilidades en este asunto. Nuestra política concede especial importancia a la búsqueda de alternativas, como es la depuración. En cualquier caso, insisto en la necesidad de ordenar el agua, porque ha existido una desorganización tal que algunos han podido usar demasiada y otros muy poca. 


La borrasca Gloria han ocasionado daños materiales y también emocionales bastante graves.  ¿Qué medidas recientes maneja la Administración andaluza al respecto?

Estamos convencidos de que el cambio climático está afectando especialmente a Andalucía y por eso hemos impulsado la Revolución Verde que contempla reforestación y que contempla también el impulso de la Economía Circular. Hemos incluido en esta iniciativa los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Todo esto tendrá sus consecuencias también en la Ley Estratégica de la Agricultura que pronto verá la luz. Quiero destacar el hecho de que tenemos que asumir las exigencias que imponen las circunstancias en materia climática. Llevamos una década de retraso en cuanto a restauraciones ambientales de los cauces. Por ejemplo, hemos actuado en 170 cauces de toda Andalucía, 100 de ellos en Andalucía.  Por otra parte, el Consejo de gobierno ha aprobado recientemente una ampliación de seis millones de euros para que los agricultores de Almería y Málaga puedan poner en marcha cuanto antes sus explotaciones.  Ojalá todas las Administraciones actúen tan rápido como la Junta. Creo que debería producirse cuanto antes un debate sobre seguros agrarios, una cuestión que no debe esperar.

 

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