La mitad del agua extraída por pozos es de forma ilegal

La administración pública no ofrece datos públicos sobre el número de pozos ilegales en España desde 2006. Esta falta de transparencia unida a la carencia de medios con que se encuentran las fiscalías para perseguir el robo del agua se traduce en impunidad ante uno de los delitos medioambientales que más se cometen en España según Greenpeace.

Para la organización ecologista, España ha mantenido una política hídrica basada en satisfacer cualquier demanda de agua, por insostenible que esta sea, a base de infraestructura hidráulicas (embalses, trasvases…). El país cuenta con más de 1.200 embalses, que segmentan la práctica totalidad de los cauces con la graves consecuencias ecológicas. Esto nos sitúa como el quinto país del mundo con mayor número de grandes presas y el primero en número de embalses por habitante y kilómetro cuadrado, con una capacidad de almacenar 55.981 hm3.

Sin embargo, esta ingente capacidad de guardar agua “en superficie” está actualmente en jaque debido al crecimiento desorbitado de la demanda. Es responsable de ello un sistema de regadío sobredimensionado, pero también los usos urbanos e industriales que aumentan año tras año. 

Los únicos datos oficiales que se manejan sobre el tema, datan de 2006. Estos inventarían al menos 510.000 pozos ilegales que extraerían más de 3.570 hm3/año, el consumo equivalente a una población de 58 millones de personas. El propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 2017 de forma no oficial, elevaba esta cifra a más de 1.000.000 de pozos ilegales, que podrían estar extrayendo al menos 7.000 hm3/año. Cabe recordar que la extracción ilegal es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión.