Subastan cuatro fincas y la red de riegos de Rambla Morales por 103 millones

El propietario FCC intenta enajenar estos bienes en reclamación del pago de la deuda

Las instalaciones de agua desalada permitían dar hasta 60.000 metros cúbicos diarios en Níjar.
Las instalaciones de agua desalada permitían dar hasta 60.000 metros cúbicos diarios en Níjar.

El grupo de construcción y servicios FCC, a través de su participada Servicios Hídricos Agricultura y Ciudad, ha sacado a subasta, a través del juzgado número siete de Almería, un lote de cuatro fincas y la red de riego y distribución de agua de la Comunidad de Regantes Rambla Morales de Níjar.

 La compañía, que se ha quedado con la deuda generada por la Comunidad a La Caixa y los intereses devengados desde el año 2004, reclama una cantidad de 103,3 millones de euros de principal más 31 millones presupuestado provisionalmente para intereses, gastos y costas.


Las fincas son las siguientes: un trozo de tierra de secano inculto situado en el paraje Cañada de Las Zorreras Cueva del Lino, en el Barranquete, término municipal de Níjar, con una superficie de 145.000 metros cuadrados. Esta finca está valorada a efectos de la subasta en 4,5 millones de euros; una tierra en el paraje Los Hornillos con una extensión de 49.000 metros, por un valor de 1,5 millones de euros; trozo de tierra de secano en Los Rubiales, en el paraje del Cabo de Gata dentro del término municipal de Almería, con una superficie de cuatro hectáreas y un valor de 29,9 millones de euros; tierra en La Joya, en Cañada Cortijo de La Mata, en el Campo de Genivar, paraje de Mazorque, en el término municipal de Almería, de 54.000 metros cuadrados, con una valoración de 982.000 euros. A estos bienes raíces, se le une la red de riego y distribución de agua valorada en 73,8 millones de euros. La subasta fue publicada en el portal del BOE el pasado cinco de marzo y finaliza el próximo 25 de marzo.

FCC, controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim y por la familia Koplowitz, ha adquirido recientemente la deuda y la desaladora de Rambla Morales a un ‘fondo buitre’ que se hizo con ella tras el acuerdo alcanzado con el acreedor financiero, La Caixa (ahora Caixabank). Por la desaladora ha pagado 2,5 millones de euros más la cantidad que obtenga en la subasta de las fincas de la Comunidad formada por cerca de 700 comuneros, cuya actividad suma trece años de paralización

La idea de la filial de aguas del conglomerado empresarial FCC -concesionaria del servicio de agua domiciliaria en Almería- es invertir entre 50 y 60 millones en la rehabilitación de este sistema hidráulico.


FCC ha mantenido ya contactos con la Comunidad de Regantes de Níjar para firmar un convenio de compraventa de agua que podría ser beneficioso para ambas partes, puesto que podría a ser adquirida a un precio más asequible que el que ahora pagan por el agua de la Desaladora de Carboneras de 0,60 céntimos el metro cúbico.


El sueño quebrado de 700 comuneros

La Desaladora de Rambla Morales se construyó con un presupuesto inicial de 38 millones para una capacidad máxima de 20 hectómetros, con un resultante de 60.00 metro cúbicos diarios para una superficie de más de 3.000 hectáreas. La planta solo funcionó dos años, desde su construcción en 2007, y nunca por encima de un 15% de su capacidad total de producción. Fue un proyecto ilusionante que se puso en pista de salida con la formalización del préstamo entre la Comunidad de Regantes y La Caixa en septiembre de 2004.


La infraestructura, de carácter privado aunque con ayudas públicas, empezó a dar agua en 2007. Al préstamo, firmado ante el notario Alberto Agüero, concurrieron también Caja Sur, Cajamar, Unicaja y BBVA, aunque fue la entidad catalana la que se llevó el ‘regalo envenenado’, con un periodo de amortización de 22 años. Sin embargo, según informe de la fiscalía, la directiva de la Comunidad, encabezada por Antonio García, dispuso de los fondos de las amortizaciones que realizaban los  propios comuneros para un fin distinto. También fueron acusados exdirectivos de La Caixa y se creó una Asociación de Perjudicados.


 

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