Coexphal iniciará acciones legales si no se acaba con los poblados de chabolas

Las empresas hortícolas salen a denunciar esta situación tan crónica como bochornosa

Asentamiento ilegal en la zona de San Agustín, en El Ejido, en una imagen de 2011.
Asentamiento ilegal en la zona de San Agustín, en El Ejido, en una imagen de 2011.

No es nueva, es una realidad que está ahí desde hace décadas, pero no por eso deja de ser menos bochornosa: miles de personas -un millar según el Gobierno, 4.000 según las ONGs- se hacinan todos los días en poblados de chabolas desde el Cabo de Gata hasta Adra.


 De ellos, según el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, tres cuartes partes no tienen documentación, y subsisten en cabañas de madera, bajo techos de uralita, sin agua corriente para asearse. No es nuevo -el drama- pero nadie pone solución. La situación se agrava con el comienzo de cada campaña agrícola con bolsas de temporeros agrupados en cabañas en el Campo de Níjar, El Ejido, Vícar o El Quemadero, en la capital.


La situación cada vez más grave que se vive en estos asentamientos ha hecho levantar por primera vez la voz de alarma a Coexphal, una asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas que no se distingue, precisamente, por prodigarse en declaraciones públicas sobre asuntos que no son de su competencia. 


Para la entidad que preside Manuel Galdeano, dirigida por Juan Colomina y Luis Miguel Fernández, la situación que se vive derivada de los poblados de chabolas es “insostenible”. 


Coexphal expone que “en estos poblados, construidos y ampliados ilegalmente con materiales muy precarios, malviven como pueden personas que, en su mayoría, provienen de la inmigración ilegal que hemos visto dispararse en los últimos meses por la llegada de miles de migrantes que buscan en Europa una vida mejor. 


Esta situación es completamente incomprensible e inaceptable en un país europeo del siglo XXI. Sin embargo, su rotunda y triste realidad parece invisible para las autoridades competentes que permiten que estos seres humanos, no encuentren otro alojamiento más digno” y Coexphal asegura que ha mantenido reuniones durante los últimos dos años con distintos representantes públicos que ha mostrado su desacuerdo con la situación, pero que parecen incapaces de hacer frente a la misma. “Estos hechos han sido difundidos y criticados en varios países europeos, denigrando la imagen de Almería en sus faceta institucional, hortícola y turística”. La Asociación hortícola rechaza la interpretación que se ha hecho de que este fenómeno está vinculado con el voto a la derecha y la explotación laboral de la inmigración ilegal, “como si de un moderno tráfico de esclavos se tratase”. 


Y añade Coexphal que “algunos observadores pasan por alto que Almería y los almerienses no somos más que otra víctima de la desastrosa política de inmigración de la UE y de la incapacidad de los gobernantes para atender estas situaciones”. Coexphal pone también el acento en que “la frontera de Almería con Africa es la más desigual del planeta y que el escaso peso político y el carácter periférico de nuestra provincia permiten que los realmente responsables de esta tragedia puedan seguir tolerándola”. Los directivos de Coexphal consideran que “todo esto sería impensable en otros lugares, no ya de Europa sino de España como el País Vacos Madrid o la propia capital andaluza porque la propia sociedad civil se habría levantado”.


Ultimátum La organización ha acordado llevar a cabo por primera vez las acciones que legalmente estén en su mano para resolver esta situación y está consultando la pertinencia de iniciar procedimientos administrativos, si no se adoptan medidas a lo largo de los meses que le quedan al presente año.

La organización Almería Acoge apuntó también a que “las políticas cortoplacistas de las autoridades han dado lugar a asentamientos infrahumanos de chabolas en la provincia” y ha compartido la indignación expresada por Coexphal.


 

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