Probada por primera vez la ‘caja b’ del PP en una sentencia

La sentencia de la primera época del caso Gürtel ha considerado “probada” por primera vez, la existencia de una contabilidad b en el Partido Popular. Una caja b que se extendió “al menos desde 1989” y hasta como mínimo 2008, ya con Mariano Rajoy en la presidencia del partido, como detalla Miguel Ángel Campos en la web de la Cadena SER.

Dicen los magistrados que esta “caja b” era “una estructura financiera y contable paralela a la oficial, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos, cantidades entregadas a personas relevantes del partido” en forma de sobresueldos.

También inciden los jueces y dan por probada la “simbiótica” relación entre el PP y la Gürtel, descrita por los investigadores. Consideran acreditado que entre el grupo de las empresas de Francisco Correa y el Partido Popular “se tejió una estructura de colaboración estable”. Se “creó” ahondan los jueces, “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”, por medio de su “estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas.

La caja b del PP no era objeto de este procedimiento, lo será en la correspondiente pieza de la Gürtel. Pero tal y como explican los magistrados, era necesario probar su existencia para acreditar que el extesorero Luis Bárcenas se apropió de hasta 300.000 euros de esa contabilidad paralela que ingresó en Suiza.

La Fiscalía consideró “plena y abrumadoramente acreditada” la caja b del PP a lo largo del juicio, y probados no solo los ingresos de empresarios en negro a cambio de obra pública, sino el pago de sobresueldos a los dirigentes del Partido Popular, incluido Mariano Rajoy, y la mayoría del tribunal, le da la razón.