El TSJA absuelve a los dueños de La Mazmorra de alzamiento de bienes

Mantiene la condena de 3 años de cárcel al matrimonio por impagos a la Seguridad Social

Palacio de Justicia de Almería.
Palacio de Justicia de Almería. La Voz
Javier Pajarón
20:59 • 10 abr. 2022

Los antiguos propietarios del conocido restaurante La Mazmorra consiguen amortiguar la condena de prisión dictada por la Audiencia Provincial de Almería por una presunta cadena de impagos a la Seguridad Social en negocios de hostelería abiertos desde 2008.



El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de comunicar a los empresarios la revocación parcial de la sentencia. El TSJA mantiene las penas de tres años de prisión para el matrimonio de E. R. y M. E. por un delito contra la Seguridad Social, pero elimina la condena a dos años de cárcel por un alzamiento de bienes. 



El Alto Tribunal absuelve también a su hija M. L., representada por el abogado Marcelo Quílez y condenada en primera instancia por participar de un presunto vaciamiento patrimonial para no hacer frente a las deudas adquiridas en los negocios.



La Sección Segunda de la Audiencia Provincial consideró probado que los dueños de La Mazmorra “iniciaron una actividad empresarial consistente en explotar negocios de hostelería, no pagando las correspondientes cuotas de la Seguridad Social”.



“Crearon sucesivamente diversas sociedades que venían a continuar materialmente con la labor de las anteriores, permitiéndoles proseguir su actividad empresarial y evitar el pago de las cantidades debidas, aumentando constantemente su deuda”, añadió el tribunal.



Según la acusación, la familia regentó tres restaurantes en Almería y uno en Palma de Mallorca. El impago de cuotas se enmarcaba en actividades empresariales de estos negocios. El tribunal impuso al matrimonio una multa de 851.748,72 euros, triple de la cantidad defraudada.



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Ahora bien, las defensas ejercidas por María Esther Corral, Marcelo Quílez y Alonso Ponce acudieron al TSJA para discutir esencialmente el “ánimo defraudatorio”. Esto es, alegan que no tenían intención de eludir los pagos, sino que simplemente no podían hacer frente en un momento atravesado por la crisis económica.


El TSJA desestima los argumentos respecto al fraude a la Seguridad Social, porque asegura que “unas empresas aparecen como proveedoras de otras y comparten los mismos datos de contacto facilitados a la Seguridad Social y hasta ocho trabajadores van desplazándose de una a otra”. Es decir, los jueces ven una clara voluntad de entrelazar negocios para esquivar las cuotas.


Sin embargo, los empresarios consiguen que se anule la pena de dos años de cárcel por alzamiento de bienes. “Poner la vivienda familiar (un chalé) a nombre de la sociedad patrimonial podía ser una medida preventiva genérica, pero no es posible adivinar en ella un dolo, siquiera eventual, de fraude de acreedores en el sentido legal, que exige la preexistencia y exigibilidad del crédito”, dice el TSJA.


El Alto Tribunal hace una mención especial a la mujer, a la que exonera completamente de los hechos. “Al analizar el delito contra la Seguridad Social se descarta su participación”, explica la sentencia. “Era ajena a la gestión de la sociedad, no tenía por qué conocer la deuda que mantenía con la Seguridad Social”.

La sentencia puede recurrirse ante el Tribunal Supremo. El matrimonio aún tiene tres años de cárcel. 


Las deudas, según la sentencia

Los empresarios regentaban un restaurante conocido como La Mazmorra. Desde el año 2007 al año 2011 generaron una deuda a la Seguridad Social de 63.977 euros. En 2010 los empresarios constituyeron una segunda sociedad que se hizo cargo de ese negocio y de un segundo restaurante abierto en el centro de Almería. Dicha sociedad generó desde agosto de 2012 hasta enero de 2017 una deuda con la Seguridad Social a fecha 26 de enero de 2018 de 189.142 euros. En 2011 se creó una tercera empresa que acumuló deudas de 174.794 euros por cuotas insatisfechas. En 2016, en vista de las deudas acumuladas esos años, cerraron los dos restaurantes. Crearon entonces una sociedad a nombre de una empleada y trataron de abrir un nuevo establecimiento que sumaría otros 28.000 euros.


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