Asuntos Internos incrimina a los dos presuntos corruptos, que niegan los vuelcos

La Guardia Civil, que colocó micros en el coche patrulla, ubica a los agentes en tres robos

Panorámica de la sala de vistas durante el juicio oral
Panorámica de la sala de vistas durante el juicio oral La Voz
Javier Pajarón
20:59 • 16 mar. 2022

Los agentes de Asuntos Internos de la Guardia Civil incriminan a dos agentes del puesto principal de Níjar en tres presuntos robos de droga perpetrados entre los meses de febrero y julio del año 2020. El capitán jefe del operativo compareció este miércoles en la segunda sesión del juicio oral en la Audiencia Provincial de Almería y ubicó a los guardias R. y J. en un robo de marihuana en un camión de matrícula lituana, un asalto frustrado en una nave del polígono Santa Olalla y la sustracción de 19 kilos de hachís en un transporte entre Málaga y Almería.




La testifical del capitán avala las tesis de la Fiscalía Antidroga que piden penas de hasta 20 años de cárcel por siete delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad, robo con fuerza, contra la salud pública y revelación de secretos. El jefe del investigación explicó los medios utilizados para el seguimiento de los ‘compañeros’. “No es fácil seguir un vehículo oficial”. Las gestiones se vieron torpedeadas por el cerrojazo que supuso la pandemia y el confinamiento en aquellos primeros meses de 2020.




Para analizar la presunta implicación de los agentes en los ‘vuelcos’ de droga, Asuntos Internos colocó micrófonos en el coche de la pareja de guardias.  El capitán aseguró que las conversaciones captadas en los micros y los pinchazos telefónicos apuntaban a actividades ilegales. “Decían que había que tener cuidado al hablar porque no sabían si estaban siendo investigados”, aseveró.




El agente de Asuntos Internos añadió que se hallaron indicios de la utilización de ropa oficial como un polo y un chaleco que presuntamente R. habría entregado a otros acusados para facilitar los robos de droga.  El propio R. y otro acusado negaron ayer que la uniformidad tuviera un destino  ilícito y llegaron a hablar de “disfrazarse” y de un entretenimiento para una fiesta de niños.




Sin embargo, otros dos acusados declararon el martes que el guardia R. les entregó una bolsa donde había uniformidad que supuestamente debía usarse en el asalto a una nave en el polígono Santa Olalla de Níjar.

Versiones



Los dos guardias civiles acusados de corrupción, todavía en situación de prisión provisional, prestaron declaración ayer en la sala. Solo contestaron a preguntas de sus letrados, Mónica Moya y José Miguel Ramos.  Ambos coinciden en describir los episodios como parte de sus actuaciones policiales.




En el caso del camión con marihuana, afirman que lo apartaron de la carretera y lo llevaron a un callejón “por seguridad”. “Me avisaron mis confidentes y nos mandaron una comunicación de que había un camión con droga y si podíamos interceptarlo”, aseguró R.




Sobre el asalto frustrado a la nave, ellos llamaron al cuartel para comunicar la existencia de marihuana (se hallaron más de 700 plantas). La investigación cree que lo hicieron después de que se frustrara el plan, como apuntaron también las declaraciones de los acusados del primer día.


El guardia J. se desvinculó de cualquier actividad ilícita y dijo que las desconexiones del GPS y las comunicaciones del vehículo son habituales en la demarcación. “Nunca me he reunido para robar y nunca he cometido ningún robo”, aseveró. El juicio se retoma este jueves.


Los negocios del presunto agente corrupto R.

El agente R. aparece en el procedimiento como presunto urdidor de la trama para robar droga a traficantes, gracias a sus contactos como guardia en activo en Níjar. Durante la investigación se cuestionaron sus movimientos económicos. Ayer, en su intervención en la Sección Segunda de la Audiencia de Almería, trató de justificar sus actividades. Según detalló, además de sus ingresos como guardia civil, había realizado operaciones en la compraventa de vehículos. También asesoraba a su mujer en una empresa conocida como Indalcáñamo, donde era socia, y se dedicada al cultivo de cannabis “legal”, según su interpretación. Además, su familia tenía negocios vinculados al sector de la agricultura y también en el alquiler de viviendas. Negó cualquier ilegalidad y dijo declarar todo a Hacienda.



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