El Ayuntamiento de Almería ya tiene nueva interventora. Se trata de Ana Belén J. C. y desde ayer que se oficializó su nombramiento con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es la nueva encargada de ocupar de forma definitiva una plaza, la de la Intervención Municipal, que durante once años se ha cubierto de forma provisional.
La nueva interventora desembarcará en el Consistorio de la capital el próximo 15 de febrero, según explican fuentes municipales, y mientras seguirá al frente del área el funcionario municipal que ha estado ejerciendo este puesto desde que se jubilara Miguel Verdegay hace unos días.
Ana Belén J. C. es funcionaria habilitada nacional y ha estado trabajando en municipios de las provincias de Sevilla, Jaén, Córdoba y Granada. Además, cuenta con un amplio currículum de cursos de formación tanto de ponente como docente.
Cambio
Con este nombramiento se soluciona uno de los problemas con lo que contaba el Consistorio en los últimos años ya que la plaza de interventor había salido a concurso público en varias ocasiones pero hasta ahora siempre había quedado desierta. Ya explicaba el regidor de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, hace unos días que la intención del equipo de Gobierno era cubrir este puesto de forma definitiva y que se había trabajado en ello. Un trabajo que ya ha dado sus frutos.
Cabe recordar que conseguir a un interventor no es algo fácil, y menos para ayuntamientos que tienen un alto volumen de población porque para poder ocupar este puesto hay que contar con habilitación nacional y, por tanto, el círculo se estrecha.
Pero, ¿a qué se dedica exactamente un interventor? El interventor junto a todo su equipo se encarga del control interno de la gestión económica y financiera del Ayuntamiento, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
Para realizar esta supervisión realizarán la intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores; la intervención formal de la ordenación del pago; la intervención material del pago; y la intervención y comprobación material de las inversiones y de las subvenciones.
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