Mafias: Almería no puede convertirse en Nápoles o Sicilia

“Quizás estemos a tiempo de evitar que algunos barrios acaben siendo arrabales napolitanos”

Las cifras de las Fuerzas de Seguridad y las citas que contiene el informe de la Fiscalía de Almería provocan tanta inquietud que ni la inevitable frialdad de los dígitos puede evitarla. Desde enero hasta septiembre se han decomisado en la provincia 500.000 plantas de marihuana, un 1.400 por ciento más que en todo 2020. Medio millón y todavía no ha terminado el año, ni -mucho menos-, el excelente trabajo de quienes luchan contra el narcotráfico y cuya extraordinaria eficacia aparece reflejada casi diariamente en las informaciones de nuevos alijos. En los últimos 30 días se han llevado a cabo 8 operaciones contra el cultivo de marihuana, en las que se han alijado 128.000 plantas, 32 kilos de cogollos y han sido detenidas 26 personas, y 3 operaciones contra el tráfico de hachís con 11,6 toneladas incautadas y 30 detenidos.

  

Estas son solo las patas del pulpo (la ´piovra´ en la terminología mafiosa napolitana) que se ven porque han salido a flote tras las operaciones policiales. Pero son los mismos agentes de Guardia Civil y Policía los que alertan de que, debajo de la alfombra de los tejados de las casas, los plásticos de los invernaderos y las sombras nocturnas de las calas del litoral almeriense, tan frecuentadas por desembarcos, hay una realidad de mucho mayor calado tras la que no solo se esconde la producción de droga, sino que se está cultivando de forma intensiva una estructura criminal cada vez más compleja, más difícil de combatir y mucho más proclive a la comisión de actos delictivos de gravedad extrema.



  

Así lo refleja la Fiscalía almeriense cuando en un informe señala que hasta hace apenas dos años la utilización de viviendas sociales gestionadas por la Junta de Andalucía y las que forman parte de los activos del SAREB y han sido ´okupadas´, eran las utilizadas para el cultivo de marihuana, pero, aunque estas viviendas continúan siendo centros de producción importantes, “actualmente hemos de constatar - dice el informe- que los principales responsables de tal actividad delictiva están adquiriendo en propiedad numerosas viviendas, cortijos y parcelas con la única finalidad de dedicarla a la producción de marihuana, lo que da idea de lo productivo del negocio y de la modificación en el modo de operar”.



 

Más adelante, el informe judicial asegura “que existe un patrón muy definido de las organizaciones dedicadas a la producción y exportación de marihuana constituidas como auténticas cooperativas de cultivadores que gestionan el producto de acuerdo con los intereses de un jefe común que, auxiliado por otros participantes, dirige el momento del cultivo, de la recolección, de compra de utensilios, de custodia de envasado y, finalmente, de la venta final del producto de todos aquellos cultivadores que pertenecen a su círculo”.

  

A la vista de lo anterior (y de otros datos que aparecen en el magnífico informe elaborado por Javier Pajarón hoy en este periódico sobre el narco en Almería), la duda de si estamos asistiendo a un escenario de hechos delictivos puntuales o a la vertebración de una estructura delincuencial mafiosa de gran calado queda lamentablemente disipada. 


Las mafias de la marihuana ya están aquí y, desde que en agosto de 2018 se implementó en el Campo de Gibraltar un plan especial contra la entrada de hachís desde Marruecos, la presión policial obligó a las bandas que operaban en aquellas playas a buscar alternativas en calas menos controladas. En los dos últimos años se han multiplicado los alijos de hachís en la provincia de Almería, respondiendo la Guardia Civil a este cambio en los lugares de desembarco con la creación de un equipo permanente en Almería del Grupo Especial para la lucha contra estas organizaciones conocido como OCON Sur.

 

La acumulación de hechos incontrovertidos, como todos los reseñados anteriormente, lleva a la Fiscalía a afirmar en uno de los párrafos de su informe que “la provincia de Almería, además de puerta de entrada de sustancia estupefaciente principalmente por el litoral, se ha convertido en un punto cualificado de producción de marihuana, y se ha constatado que antiguos clanes dedicados a la introducción de resina de cannabis procedentes de Marruecos, han diversificado su actividad delictiva, empleándose de lleno en el cultivo y exportación de marihuana. Los numerosos invernaderos de la provincia - concluye el párrafo judicial - sirven como ubicaciones de cultivo de cannabis a gran escala”.

 

Por si el lector alberga aún dudas de la amplitud, complejidad, complicidades y peligrosidad de los clanes del narco en la provincia, apunten el siguiente dato: 383 personas fueron detenidas el pasado año por su vinculación al narcotráfico en la provincia.

 

Hasta aquí, los datos. Pero, tras ellos, una pregunta inevitable: ¿Por qué todos los partidos, todos los políticos almerienses, todos los agentes sociales y todos los colectivos - algunos lo han hecho, es cierto, y con contundencia parlamentaria el PP - no alertan de forma permanente ante una realidad que ya ha dejado un rastro criminal alarmante? Hasta ahora sus declaraciones han estado más centradas en la inmediatez de los cortes de suministro eléctrico en determinados barrios que en denunciar lo que se esconde en la delictiva oscuridad que hay detrás de quienes los provocan. El problema no está en los enganches ilegales, sino en el entramado criminal que los lleva a cabo con (casi) total impunidad.

    

La lucha contra el narcotráfico no es una batalla que solo competa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. Ellos están en primera línea de la batalla, pero, detrás, tiene que haber estrategias sociales, iniciativas legislativas, reivindicación de más medios humanos y técnicos, mayor dotación de agentes judiciales.

  

El silencio de la sociedad civil de la provincia, achacable a la torpeza o al desconocimiento, nunca a la complicidad o a la indiferencia, no puede convertirse en una norma habitual de comportamiento.

 

Quizá todavía estemos a tiempo, pero hay que tomar medidas si queremos evitar que algunos barrios y algunas zonas acaben convertidos en arrabales al modo napolitano o en entramados criminales a la siciliana usanza.

 

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