Historia de la provincia de Almería: el Caso Poniente queda visto para sentencia

El Caso Poniente flota en un universo entre el alivio y la preocupación, entre las misiones cumplidas y las cuentas pendientes, entre el principio y el final. El juicio oral quedó visto para sentencia este martes con una sensación generalizada de desahogo y, al mismo tiempo, con la certeza de todavía un largo camino en los tribunales. Habrá sentencia y luego recurso. Y luego otra sentencia y otro recurso. Y otra sentencia.

Doce años de procedimiento, una decena de suspensiones, una pandemia mundial, un cambio de sede judicial, la muerte del fiscal anticorrupción y cinco meses de intensas sesiones pasaron por delante a cámara rápida cuando, uno a uno, los acusados volvieron a ocupar la silla central de la sala de vistas para ejercer su derecho a la última palabra. Todos en silencio. Demasiado camino recorrido para estropear la estrategia al final.

El Caso Poniente acusa a 44 personas de participar en una presunta trama destinada a desviar fondos públicos del Ayuntamiento de El Ejido a través de la sociedad mixta de servicios Elsur y una red de subcontratas. Entre los encausados están Juan Enciso, ex alcalde de El Ejido, José Alemán, ex interventor municipal, y una larga lista de empresarios como José Amate, Jesús Aragón, Ambrosio Cuevas, Juan Antonio Galán y los hermanos Lirola. Todos ellos defendieron su inocencia ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería y esperan la sentencia con la preocupación propia del caso, en ese punto intermedio de las sensaciones.

En un círculo casual, el acusado José María Marañón, ex consejero delegado de Elsur, fue el primero en someterse al interrogatorio el pasado 16 de febrero y el último de los acusados en renunciar a las palabras finales ante el tribunal, esta vez por videoconferencia. El resto de los procesados estaba presente en el Palacio de Congresos de Aguadulce.

La presidenta

El martes se había reservado para un trámite con tintes de historia judicial. A primera hora se presentaron dos informes relacionados con las responsabilidades civiles y a partir del mediodía, tras un breve descanso, las partes volvieron a la sala para firmar el epílogo.

La magistrada Társila Martínez, presidenta del tribunal, resumió el juicio con palabras de agradecimiento. “Ha sido una causa muy larga y con muchos inconvenientes. Creo que no nos ha faltado nada por pasar. Cuesta creerlo, es difícil, pero hemos llegado a este punto. Es el final del juicio oral, pero no el final de la causa porque queda la importantísima labor de estudio y dictar la sentencia”, señaló Martínez.

“Muchas gracias a los señores letrados, al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado y a las acusaciones y los funcionarios que han estado a pie del cañón en todo momento, en cada sesión”, añadió. También tuvo palabras de recuerdo para el fiscal Jesús Gázquez, tristemente fallecido a la mitad del juicio y motor de la acusación desde antes de las detenciones en octubre de 2009.

La magistrada Társila Martínez, que ya marcó un hito hace 15 años leyendo en la sala la sentencia Caso Roquetas (muerte de una persona en el cuartel de la Guardia Civil), ha mostrado durante estos meses una enorme sensibilidad con la partes.
La presidenta se mostró flexible con las preguntas de las acusaciones y defensas, se preocupó por proteger a los testigos, declinó imponer límites de tiempo en los informes finales para que los letrados pudieron ejercer su derecho a la defensa con todas las garantías y aguantó con entereza la jornada en la que se enterraba al fiscal Jesús Gázquez.

El tribunal lo completan Jesús Martínez Abad e Ignacio Angulo. Las cartas están sobre la mesa y los magistrados dictarán sentencia después del parón de agosto, presumiblemente en la temporada de otoño. No ha sido un camino fácil y, salvo el ponente, el resto ha seguido asumiendo con profesionalidad otros procesos llegados a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería durante estos meses.

Posiciones
Nunca antes los juzgados de la provincia habían asumido un proceso de estas características. Existen otros casos complejos, como la Operación Costurero en Zurgena (repartida en varias piezas separadas), pero no hay antecedentes de un volumen tan elevado de acusados y letrados. De hecho, antes de la pandemia ya se tuvo que adaptar una sala en el Palacio de Justicia de Almería para poder afrontar el reto.

A la espera de la futura sentencia judicial, ya se han anunciado algunas conclusiones importantes. En 2020 se retiraron las acusaciones contra cinco funcionarios por la prescripción de los presuntos delitos.  Además, en las conclusiones definitivas en el mes de junio, el fiscal Jesús Juan Cruz eliminó la acusación contra Rafael Barco, considerado inicialmente por la investigación como un testaferro del empresario José Amate.

Por su parte, la acusación del Ayuntamiento de El Ejido y la acusación de Izquierda Unida han retirado también las imputaciones frente a Ramón Vadillo, Diego Méndez, Jaime Cabrales y David Medinilla. También se rebajaron las peticiones de prisión para uan Julián Hernández Venzal, las hermanas Barco Oyonarte, para Manuel Castro y para Alberto Amate. Todo ellos tenían un papel secundario en el relato de hechos.

Los principales señalados por la investigación de la UDEF de la Policía Nacional siguen afrontando las peticiones más elevadas. Juan Enciso y José Alemán se enfrentan a una solicitud de 40 años de prisión. Ambos han rechazado el cobro de cualquier comisión ilegal y, en el caso del ex alcalde, los peritos no vieron incremento patrimonial injustificado. La sentencia de la Audiencia Provincial de Almería debrerá pronunciarse también sobre la posible prescripción de los delitos fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción ya solicitó su anulación entre los años 2002 y 2006, lo que supuso importantes rebajas en las penas solicitadas para los acusados. Parece improbable una decisión distinta a la prescripción de eso plazos, aunque las defensas fueron más ambiciosas en sus informes.

Sobrefacturación
Los letrados de los acusados cuestionan la validez de los estudios de los peritos de la Agencia Tributaria, la ausencia de valoraciones precisas sobre el coste real de los servicios prestados y, especialmente, las aseveraciones sobre una presunta sobrefacturación para engordar el canon que pagaba el Ayuntamiento de El Ejido y que luego se transfería desde el Elsur a las subcontratas.

En cambio, las acusaciones describen un escenario de “desmedido afán de dinero y de goce del poder”, en palabras del fiscal Jesús Juan Cruz. Los abogados del Ayuntamiento de El Ejido, Emilio Lucas, y de IU, Rafael Salazar, apuntaron directamente al ex alcalde Juan Enciso. “Don Juan Antonio Enciso Ruiz, alcalde de El Ejido, era quien detentaba el poder político, y gobernaba, de forma personal y cesarista, el Ayuntamiento, sin que ninguno de sus concejales hiciese nada que él no ordenaba ni discutiese ninguna de sus instrucciones”, señaló Emilio Lucas en junio.

El debate jurídico se resolverá en sentencia en los próximos meses. Quedará todavía mucha batalla en los tribunales para dilucidar la verdad judicial del Caso Poniente, pero el final está un pasó más cerca.