Poniente: los peritos dicen que se facturó “el doble o el triple” del coste real

El juicio oral del denominado Caso Poniente vivió este jueves una sesión clave para el destino de los acusados en la presunta trama corrupta de Elsur. Cinco peritos defendieron en la sala de vistas los informes de la Agencia Tributaria que incriminan a los principales procesados y denuncian un incremento artificial del canon con cargo a las arcas públicas de El Ejido.

Los peritos aseguran que  el sistema de subcontratación de servicios por parte de Elsur permitió la desviación de fondos millonarios.  Facturaban por “el doble o el triple” del costo real gracias a una red de empresas con participación de familiares y allegados.  “El Ayuntamiento de El Ejido debió controlar y velar la empresa mixta y, en cambio, nos encontramos que algunas personas tenían intereses personales y familiares, sin ir más lejos el señor el alcalde Juan Enciso”, señaló el jefe del equipo de auxilio judicial.

La declaración se centró este jueves en el informe resumen y dejó para el próximo 27 de abril las declaraciones sobre los informes individuales. Sin embargo, la comparecencia arrojó luz sobre aspectos nucleares de la investigación e, incluso, sirvió para apuntalar aspectos de las defensas.

Esto es, los peritos distinguen tres grupos principales en sus informes. A saber, las personas vinculadas al Ayuntamiento de El Ejido, la trama del empresario Galán y la trama del empresario Amate. En el primer grupo, los peritos aseguraron que Juan Enciso no incrementó su patrimonio por el desvío de fondos de Elsur y que solo se benefició “en especie”.

El perito citó en concreto las obras en la sede del PAL y en un cortijo del ex alcalde. Además, señaló que tampoco cometió delitos fiscales como persona física y, por tanto, la presunta responsabilidad llegaría de su papel como miembro del Consejo de Administración de Elsur.

Por otra parte, los peritos cargan contra José Alemán, ex interventor municipal. El informe asegura que las subcontratas de Juan Antonio Galán “al doble y al triple la prestación de servicios” como el mantenimiento de parques y jardines, y que “un tercio” de la sobrefacturación acaban en mano de Alemán.

En contra, las defensas cuestionan la falta de comprobación de los precios del mercado para la fijación del canon que, a su entender, sería el elemento necesario para sostener que se produjo una sobrefacturación de servicios. También criticaron que los peritos no exploraran si los servicios municipales se prestaron.