Juicio a los dueños de cuatro restaurantes por fraude a la Seguridad Social

La Fiscalía pide siete años de cárcel para los hosteleros de La Mazmorra por impago de 626.000€

Palacio de Justicia
Palacio de Justicia La Voz
Javier Pajarón 07:00 • 27 mar. 2021

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería sienta en el banquillo a una familia acusada de defraudar 626.000 euros a la Seguridad Social por el impago de cuotas entre los años 2007 y 2018. Los acusados son un matrimonio y su hija, dueños del conocido restaurante La Mazmorra, y promotores de otros dos establecimientos en Almería y un cuarto en Palma de Mallorca, según consta en las diligencias judiciales.


La Fiscalía Provincial de Almería solicita penas de siete años de prisión para los tres procesados principales por la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Social y alzamiento de bienes. Además, pidió a la sala una condena de dos años y medio de cárcel para M. M. y M. A. como presuntos cooperadores necesarios del fraude a la Seguridad Social (luego retiró la acusación) según el escrito de calificación al que ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA. 


 El juicio se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial y debate, esencialmente, si la familia intentaba eludir los pagos a la Seguridad Social o, por el contrario, son empresarios con negocios fallidos incapaces de asumir las cuotas de sus trabajadores.




E. R., M. L. y M. E. regentaban el restaurante La Mazmorra en la capital y se habían sumergido en otros proyectos de hostelería mediante la creación de varias empresas. La acusación considera que las sociedades sirvieron para evadir las cuotas y, más importante, mostraban la supuesta existencia de un plan predeterminado y convenido por los investigados para hacerlo.

Presunto alzamiento
La Fiscalía lo expresa así en sus calificaciones. “Con la intención de eludir los pagos debidos a la Seguridad Social, desde el año 2007 iniciaron una actividad empresarial consistente en explotar negocios de hostelería, no pagando las correspondientes cuotas de la Seguridad Social que estaban legalmente obligados a ingresar”, comienza.


Crearon sucesivamente diversas sociedades que venían a continuar materialmente con la labor de las anteriores, permitiéndoles proseguir su actividad empresarial y evitar el pago de las cantidades debidas, aumentando constantemente su deuda con la Seguridad Social”.




Según las diligencias elaboradas por el Juzgado de Instrucción número Seis de Almería, los acusados constituyeron siete sociedades desde 2007 vinculadas a diversos establecimientos de Almería. Durante la crisis económica algunos cerraron o fueron reabiertos con otro nombre.


Además, la Fiscalía cree que hay indicios para sostener que  E. R., M. L. y M. E. cometieron un delito de alzamiento de bienes intentando crear nuevas sociedades para  no responder a las deudas. Esto afectó presuntamente también a un inmueble ubicado en Almería.


“Con la intención de eludir el cobro de las deudas generadas por parte de la Seguridad Social y hacer ineficaz cualquier embargo que pudiera acordarse contra su patrimonio personal, constituyeron una sociedad en 2010”, dice la Fiscalía en su escrito.

Negocios

“A través de esta sociedad, los acusados adquirieron el 7 de octubre de 2011 un inmueble por valor de 299.300 euros de principal y 104.755,00 euros de intereses, gastos y costas, el cual pretendían mantener a salvo de un posible embargo de la Seguridad Social”, continúa.


Las defensas mantienen una posición diferente y creen que las deudas corresponden a los efectos de malos negocios pero, en ningún caso, a la existencia de un plan premeditado para evadir las cuotas. Además, rebaten algunas de las cantidades calculadas por el Ministerio Público.


Marcelo Quílez, abogado de una acusada, discute también la acusación conjunta y sin diferencias para todos los procesados, sin tener en cuenta su grado de participación y conocimiento en las empresas investigadas. Niega la existencia de un plan de fraude.


Veto de ocho años para ayudas públicas

El caso está visto para sentencia. La Sección Segunda de la Audiencia dará a conocer su fallo en los próximos días. Las acusaciones han elevado a definitivas sus calificaciones y peticiones de prisión. A la solicitud de cárcel se añaden una multa de 800.000 euros y el impedimiento de beneficiarse de ayudas públicas en ocho años



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