Los grandes clanes de la marihuana dan otro paso y compran pisos y parcelas

Hace diez años, la marihuana crecía en pequeñas plantaciones caseras, unas pocas macetas montadas en balcones, terrazas y garajes de Almería. Los cultivos florecían como fruta de temporada, con una sola cosecha anual. Tenían un carácter artesanal, casi amateur, aunque incipiente. Las fuerzas de seguridad arrestaron entonces a 60 personas en la provincia.

Hoy, la producción de cannabis ofrece partidas cada tres o cuatro meses y cuentan las plantas por cientos de miles. La hoja puntiaguda y los cogollos crecen en invernaderos y naves y alimentan una industria de cultivo, corte, envasado y exportación al mercado europeo totalmente profesionalizado. El año pasado las detenciones vinculadas a la marihuana se dispararon por encima de las 300.

Y este proceso de transformación, las organizaciones criminales han dado ahora un nuevo salto. Un informe de la Fiscalía Antidrogas de Almería, al que ha tenido acceso LA VOZ, advierte de la migración de los tradicionales clanes de la droga en la provincia de Almería del hachís a la marihuana y de la okupación a la inversión inmobiliaria.

“Se ha constatado policialmente que antiguos clanes dedicados a la introducción de resina de cannabis, procedente de Marruecos, han diversificado su actividad delictiva, empleándose de lleno en el cultivo y exportación de marihuana”, señala el documento.

Las organizaciones, que inicialmente okupaban viviendas vacías y en ocasiones ruinosas para montar los cultivos, han optado ahora por invertir en el mercado inmobiliario. Compran casas y parcelas y se garantizan así mayor seguridad y superficie suficiente para las instalaciones.

“Respecto de las plantaciones indoor en la memoria del año 2018 señalábamos la utilización de viviendas sociales gestionadas por la Junta de Andalucia, sobre las que era evidente la ausencia de control en cuanto al fin destinado, y de viviendas titularidad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)”, explica la Fiscalía Antidrogas en Almería, cuya responsable es María de los Ángeles Pérez.

“Actualmente, se constata en los distintos procedimientos que los principales responsables de tal actividad delictiva están adquiriendo en propiedad numerosas viviendas, cortijos y parcelas, con la única finalidad de dedicarlas a la producción de marihuana, lo que da idea de lo productivo del negocio y de la modificación en el modo de operar”, añade el documento.

En cadena

Esta propiedad se materializa de una forma particular porque a menudo los inmuebles disponen, en apariencia, de otro dueño o morador. El sistema funciona como “auténticas cooperativas de cultivadores que gestionan el producto de acuerdo con los intereses de un jefe común”. Cada vivienda se usa como un invernadero casero y la organización, en sus distintos escalones, aporta las cosechas.

“Se constata en tales organizaciones la participación delictual de familias al completo, lo que sin duda tendrá una repercusión social”, apostilla. “Los numerosos invernaderos de la provincia sirven como ubicaciones de cultivos de cannabis a gran escala, aunque son los cultivos indoor los que se han extendido de modo reseñable”. 

El año pasado se decomisaron en la provincia de Almería 4,8 toneladas de marihuana. La aprehensiones se han multiplicado por cinco desde 2010, según cifras del Ministerio del Interior publicadas en el Congreso de los Diputados.

El número de detenidos por esta modalidad delictiva supera al del hachís, aunque la resina continúa siendo la principal droga por volumen de decomisos y ‘negocio’ y ha presentado una reactivación en los últimos meses en la provincia de Almería.

Por otra parte, los estudios avalan otra evolución significativa en las plantaciones de cannabis sátiva. Los ‘agricultores’ han conseguido elevar el índice THC (la sustancia activa de la droga) hasta el 30 por ciento, lo que supone mejores precios en el mercado y la posibilidad de fumar partes de la planta que antes eran desechos.

“Los porcentajes de THC de las plantas adultas incautadas son considerablemente altos, por lo que entendemos que sería necesario un estudio científico sobre efectos de su consumo que permitiese una nueva evaluación tanto social como penal de la afectación a la salud pública que,   quizás, pudiera arrojar luz sobre las consecuencias de su consumo, frente a la sensación de cierta tolerancia social”.