Una mesa de trabajo con presencia de todos los afectados por la ampliación de la producción de la desaladora de Almería. Ese es el peaje o la contraprestación que ha hecho el equipo de Gobierno municipal para que el tan sonado pleno para la paralización de la subida de la tasa de agua y alcantarillado haya terminado sin más votación que la de la retirada del punto del orden del día tras un acalorado debate sin demasiadas propuestas y con muchos reproches.
Ha sido el cambio de posición del Grupo Municipal de Vox el que ha propiciado esta retirada quien, a pesar de haber criticado duramente en su primera intervención desde la firma del primer contrato de gestión del agua con Sogesur, tendía una mano al equipo de Gobierno en la segunda en el caso de que se creara “una mesa de trabajo transversal, en la que prime la transparencia, que incluya a los representantes políticos locales, los municipios afectados por la medida, los representantes regionales competentes, representantes económicos y agricultores y un estudio del impacto medioambiental”.
Era un guante que recogía de primeras la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, asegurando que “mañana mismo se convoca la reunión” ya que lo que se busca es “el consenso con todos los agentes”.
Este cambio en Vox provocaba que el voto afirmativo para la retirada del punto pedido inicialmente por la propia edil de Sostenibilidad junto al Partido Popular y al concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, impidiera que hubiera una votación sobre parar o no la nueva ordenanza por lo que, esto significa que el incremento de producción de agua desalada del 20 al 80% del total de la que se consume en la capital, y que supone un aumento del 20% del precio que no se notará en los recibos hasta el 1 de enero de 2022 sigue adelante. Esto significa que los técnicos municipales tendrán que responder a las 1.042 alegaciones que se han presentado durante el tiempo de exposición pública.
Si bien este ha sido el resultado final, lo cierto es que el debate ha supuesto todo un choque de trenes entre el equipo de Gobierno y el concejal no adscrito y el resto de la oposición.
El debate
Así, defendía en todo momento Joaquín Pérez de la Blanca que se sentía “orgulloso de trabajar junto al equipo de Gobierno en solucionar un problema como el del agua”. Criticó duramente al resto de grupos de la oposición al considerar que se había hecho “un abuso” del derecho que tienen por el reglamento de pleno para convocatoria de este pleno porque supone “una utilización sesgada e interesada” solo para “desgastar al equipo de Gobierno” sin aportar medidas o propuestas.
Las posiciones se mantuvieron claras. Desde Podemos la portavoz, Carmen Mateos, insistió en la crítica por motivos técnicos y la problemática con respecto al acuífero del Bajo Andarax. Por su parte Ciudadanos insistió, por boca de su portavoz, Miguel Cazorla, en la necesidad de “realizar una tubería para que el agua que llegue a la desaladora sea desde el mar” y la portavoz socialista, Adriana Valverde, insistió en la subida de la tarifa por la puesta en marcha del agua desalada que “se pagará desde el presupuesto municipal en 2021 y que se hará de forma individual a partir del 1 de enero de 2022”.
Mesa, estudio y agua para regar
El tono del debate fue acalorado. Hubo nervios, algún mensaje interno en el chat de la videollamada pidiendo tranquilizantes por parte del PSOE para la concejal Margarita Cobos y una dura reprimenda del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, por el uso inadecuado del canal.
Hubo mezcla de regantes y de tasas con impuestos nacionales, pero tras todo el disloque lo que quedó claro es que, de momento, todo sigue adelante.
El cambio principal es la puesta en marcha de la mesa de trabajo y el estudio que ha encargado la Junta de Andalucía a la UAL para que estudie la situación de las masas de agua de provincia.
A lo que se suma que todos parecen estar de acuerdo en dar agua desalada a los regantes, como le pide la Mesa del Agua, siempre que la Junta esté de acuerdo.
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