La ONU afea la política española sobre inmigración y afirma que la Policía Nacional vulneró derechos humanos durante el proceso de identificación de menores no acompañados en la provincia de Almería.
El Comité de los Derechos del Niño (CRC en sus siglas en inglés) adoptó 14 resoluciones desde 2019 contra el sistema español de identificación de los menas y es especialmente duro en su último informe, publicado el 13 de octubre y consultado por LA VOZ.
El CRC describe dos casos detectados en Almería. El primero mencionado data del mes de septiembre de 2020 y afecta al tratamiento recibido por un menor subsahariano rescatado en una patera y trasladado al centro de custodia temporal (CATE) del Muelle de Poniente.
“M.B., un joven guineano de 17 años, llegó a Almería en junio de 2017, después de que la patera en la que viajaba fuera interceptada por la Cruz Roja”, explica el órgano de la ONU en alusión a la atención en los módulos del CATE. “M.B. informó al personal de la Cruz Roja y a la policía española que era menor de edad. Sin embargo, la Policía lo registró como adulto de 21 años sin procederse a determinar su edad”, continúa.
El chico acabó trasladado a un centro de internamiento en Madrid y el Gobierno denegó su petición de asilo, según revela la ONU. La Fundación Raíces consiguió documentación para acreditar su identidad tras casi dos meses de gestiones. Entonces la reacción tampoco se adecuó a los protocolos de acogida de menas.
“Aunque se le puso en libertad tras 52 días en el centro de internamiento, no se le reconoció como menor de edad, no se le asignó un tutor que velara por sus intereses ni se le ofreció la protección a la que los niños tienen derecho de conformidad con el derecho nacional e internacional”, asevera el CRC.
El segundo episodio citado corresponde a la localización de A. L. de 17 años de edad en una patera en 2017. El chico informó de que era menor y, a diferencia del primero, aquí sí se efectuó una prueba oseométrica en Torrecárdenas para la determinación de la edad. Se trata de una radiografía de la muñeca que ofrece una aproximación de los años del sujeto a través de su desarrollo.
El resultado apuntó a una edad superior a los 19 años y el juzgado ordenó su internamiento. La Policía Nacional realizó los trámites de Extranjería. El problema no radica en el error de la prueba oseométrica sino en el comportamiento posterior de las autoridades.
Aquí también hubo una recopilación de documentación por parte de una ONG y se pudo verificar que el chico tenía efectivamente 17 años. Cuando se comunicó, nadie contestó a la demanda. “A. L. presentó su certificado de nacimiento al Juzgado de Almería para probar su minoría de edad. Sin embargo, nunca recibió respuesta del juzgado, razón por la que llevó su caso ante el Comité”, expone la ONU.
El Comité de Derechos del Niño cita un estudio realizado por ACNUR que afirma que las pruebas de la muñeca tiene un margen de hasta cuatro años y pide, por tanto, prioridad a la carga documental aportada, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido, critica la reacción posterior, cuando ya se había acreditado la minoría de edad de los jóvenes.
La Fiscalía Superior de Andalucía (FSA) aborda la situación del tratamiento de los menores no acompañados en su última memoria anual, recientemente publicada. La FSA curiosamente asegura que “no se han planteado especiales problemas en cuanto a la determinación provisional de la edad” y destaca la buena coordinación entre todos los organismos y actores implicados.
Según la Fiscalía, el año pasado se tramitaron en la provincia de Almería 836 pruebas de determinación de edad de supuestos menores (591 expedientes en el año 2018).
La FSA recalca que se cumplen las normas establecidas para estos casos. “Hay que resaltar que en las distintas Secciones de Menores se da cumplimiento al Protocolo Marco sobre determinadas Actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados, de 13 de Octubre de 2014”.
Ahora bien, no solo la ONU ha discutido la eficacia de las pruebas oseométricas en la detección de los menores y, en consecuencia, en la activación de todo un sistema de protección. No hay que olvidar que los menas pasan a un régimen de tutela por parte de la Junta de Andalucía (la Fiscalía ha loado el esfuerzo de la Administración y de los trabajadores de los centros de protección de la provincia de Almería).
Otras voces
El Defensor del Menor en Andalucía también aborda esta materia en su última memoria anual, donde subraya una provincia donde específicamente no se han podido realizar las pruebas de edad por falta de recursos (Cádiz).
El gabinete liderado por José Maeztu incide en el conflicto sobre la protección. “La evaluación de la edad de los menores extranjeros resulta crucial para garantizar y proteger los derechos de este colectivo, por lo que debe ajustarse a criterios técnicos y de legalidad asumidos internacionalmente”, indica.
“España ha sido apercibida en reiteradas ocasiones por el Comité de los Derechos del Niño sobre este procedimiento de evaluación ya que las pruebas a las que suelen ser sometidos los menores son radiológicas con importantes márgenes de error, y se llevan a cabo sin facilitar a los afectados información comprensible en su idioma ni con representación legal.
Como propuesta, Maeztu conmina a la “aprobación de un Decreto del Gobierno que regule los procedimientos de evaluación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, atendiendo las Observaciones del Comité de derechos del Niño y el resto de normativa y recomendaciones aplicables”.
Esta norma deberá ser desarrollada reglamentariamente por cada comunidad autónoma. Andalucía tendría un papel muy protagonista por la entrada de menores, no solo en pateras sino también ocultos en ferries llegados desde puertos africanos.
Entidades como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o la propia Fundación Raíces también han denunciado las carencias en el rigor de las pruebas médicas sobre la edad de los jóvenes atendidos.
El Defensor del Menor en Andalucía abrió una queja de oficio sobre la continuidad de la prestación asistencial a los menores inmigrantes en los centros de protección financiados con fondos públicas y conminó a la administración a "garantizar, además de sus necesidades básicas más perentorias, la continuidad de los programas educativos de los que se estuvieran beneficiando". "Hemos mostrado nuestra preocupación por aquellos internos, sobre los que existen dudas de su edad, o que ya habrían alcanzado la mayoría de edad, y que también venían siendo atendidos con cargo a estos programas públicos de subvenciones, cuya continuidad también se ve comprometida como consecuencia de la decisión adoptada por la Junta de Andalucía, y que quedarían en una situación de precariedad si no se les ofrecen otros recursos y ayudas alternativas".
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