La Consejería de Justicia afronta el reto mayúsculo de diseñar la “nueva normalidad” en los juzgados andaluces y prepara un proyecto con amplias medidas de protección que cambiaría radicalmente la fisonomía de las salas de vistas.
Mamparas, separación de las bancadas, cambios en los sistemas de sonido, fundas en los micrófonos, mascarillas, guantes y geles pasarán a formar parte de la estampa de los juicios en la provincia de Almería, según un documento elaborado por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local al que ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA.
El proyecto se basa en una premisa fundamental, a saber, “las dificultades para asegurar una distancia mínima de dos metros entre todas las personas que concurren en una sala de vistas”.
“En las salas de vistas se producen situaciones en las que de manera habitual la distancia entre personas trabajadoras, o entre estas y otras personas concurrentes en dicho espacio, es inferior a dos metros de distancia y en la que, por tanto, se puede producir un contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por SARS CoV-2”, señala el documento.
Técnicos de Salud Laboral de la Consejería de Justicia han visitado en los últimos días varias sedes judiciales de la provincia de Almería para valorar las medidas necesarias para retomar el trabajo con ciertas garantías. La tarea no será sencilla. Hacen falta recursos y tiempo.
El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial estudian la reincorporación completa a la actividad a finales del mes de mayo. De hecho, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó el martes una reactivación completa de los juzgados a partir del 25 de mayo (siempre que se levantara el decreto de alarma).
Mamparas
Si se realizaran las adaptaciones propuestas por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Justicia, apenas habría dos semanas para la instalación de los equipos de autoprotección. ¿Cuáles? Según los bocetos, la Junta de Andalucía contempla pantallas separadoras entre los magistrados, los abogados, el fiscal y los acusados. Son una especie de cabinas individuales para tapar a cada persona por delante y a ambos lados.
Además, en el público será indispensable la existencia de un hueco de dos metros de distancia, una directriz prácticamente imposible de cumplir en las salas de vistas más pequeña de la Ciudad de la Justicia de Almería.
En los juicios con jurado popular (en Almería hay un proceso con jurado suspendido en el mes de abril y todavía a la espera de una nueva fecha), los miembros estarán también encapsulados por las mamparas. No se menciona nada sobre cómo serían las deliberaciones.
También existen dudas sobre la capacidad para celebrar un juicio con el Caso Poniente con 80 personas en menos de 100 metros cuadrados. Sería imposible guardar las distancias entre 44 acusados y entre una treintena de abogados. En ese proceso por corrupción tampoco podrían quitarse bancadas del público porque son, en la práctica, usadas para sentar a los acusados. La nueva normalidad en los juzgados no escapa a la incertidumbre.
David Villagrá: “Habilitar agosto no es la solución”
El Ministerio de Justicia quiere recuperar el tiempo perdido en los juzgados y anuncia la conversión de agosto en mes hábil. La decisión topa con el rechazo de los operadores jurídicos afectados en sus vacaciones, especialmente graduados sociales, abogados y procuradores. David Villagrá, juez decano de Almería, respalda a los profesionales. “Habilitar el mes de agosto no es la solución y puede causar más perjuicios que beneficios”, señala. “Los jueces van a tener sus vacaciones y, al final, la decisión de habilitar agosto va a afectar a los abogados y a los graduados sociales que van a tener que estar disponibles y a los que le van a contar los plazos procesales”, explica el juez decano. Villagrá insiste en que el mes de agosto es inhábil desde el punto de vista legal, lo que introduce dudas sobre la viabilidad del proyecto del Gobierno. La Ley del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil citan específicamente la excepción de agosto en artículos sobre el cómputo de los plazos procesales, si bien la redacción abre la puerta a situaciones especiales. Es, en todo caso, una decisión social y jurídicamente muy controvertida.
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