Más de 2.000 niños estudian en clases masificadas, denuncia Ustea

Más de 2.000 alumnos de 30 centros de Educación Primaria y Secundaria de la provincia de Almería reciben clases en más de 70 aulas masificadas, donde se supera la ratio legal establecida por la legislación autonómica. Esta ratio es de un máximo de 25 alumnos en el segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria; de 30 alumnos en Educación Secundaria, y de 35 en bachillerato.

Los datos han sido facilitados por el sindicato USTEA y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Centros de Educación Pública (FAPACE) de Almería, y han sido obtenidos por sus propios medios, ya que la Delegación territorial de Educación no ha accedido a ofrecerlos, según ha informado en rueda de prensa Ana María Cobo, delegada de USTEA.

Aunque se permite un aumento del 10% de esta ratio para los casos en los que, a lo largo del curso haya casos de alumnado de incorporación tardía o por movilidad de las familias, según el sindicato,  en la provincia “se sube ilegalmente este 10% por sistema en las aulas  antes de comenzar el curso académico”.

Las aulas “masificadas” se encuentran en centros de toda la provincia, empezando por la capital, como es el caso de los colegios Luis Siret, Nueva Almería y Padre Méndez, con ocho aulas con ratios ilegales en total; y del IES Portocarrero de La Cañada, con cuatro unidades también masificadas.

 17 aulas masificadas Pero la situación es especialmente grave, según la información ofrecida por el sindicato, en el Poniente almeriense y, en concreto, en centros de Roquetas de Mar y El Ejido. Por ejemplo, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Santiago Ramón y Cajal de El Ejido existen 17 aulas con más de 25 estudiantes y, por tanto, ilegales. Así se encuentran 455 alumnos, casi la cuarta parte del total en esta situación en la provincia.

En situación similar se encuentra el Colegio Juan de Orea, de Roquetas de Mar, con 15 clases por encima de la ratio legal; mientras que los CEIP Trinidad Martínez (Aguadulce), Las Lomas (Roquetas) y Santa María del Águila (El Ejido) tendrían cada uno nueve aulas ilegales.
El resto de aulas masificadas se encuentran distribuidas por otros centros del Poniente, en colegios de Aguadulce,  Roquetas, Vícar, Dalías, El Ejido y Adra; así como en Tabernas, Vera, Albox, Garrucha , y Vélez Rubio.

Esta 'masificación' se produce a pesar de los anuncios del nuevo consejero de Educación, Javier Imbroda (C's), quien afirmó que este curso contaría con más docentes y con 21 alumnos por aula, en lo que sería la ratio más baja de la década.

Sin embargo, estos datos no serían del todo reales, pues se habrían obtenido, según el sindicato ,después de realizar la media con los centros públicos rurales, que ciertamente tienen ratios menos elevadas y hacen que la media total baje, y con los centros concertados y privados. En conclusión, se trataría de “una media totalmente irreal", según Jorge García, responsable de Organización de USTEA.

García  añade  que aunque es cierto que los presupuestos de la Junta de Andalucía contemplan un incremento de un 3,5% para Educación, “también hay que decir que estas partidas no siempre repercuten en la enseñanza pública”. 

Menos maestros Además, expuso que aunque los presupuestos de la Junta  recogen un aumento en la plantilla del personal de Secundaria, “en Infantil y Primaria habrá 176 docentes menos”. Esta pérdida de profesorado explica, a su entender, la masificación de los colegios y la supresión de aulas, que han alcanzado, aseguró, las 1.500 en toda Andalucía en los últimos cinco años. “Solo en Almería se han suprimido 120 líneas de Infantil”, aseguró.

Centros rurales En Almería existen 18 centros públicos rurales en la actualidad, que han sufrido cierre de seis líneas en los últimos años, en total por lo que ha podido averiguar USTEA. En estos centros, la principal carencia en la actualidad, según el sindicato,  es la falta de maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, lo que hace que no se pueda atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y provoca a su vez que este alumnado se matricule en centros de otras localidades donde sus necesidades si pueden ser cubiertas, pero obligando al alumnado a desplazarse. Por tanto, esto provoca la bajada de ratio y crea un problema a solucionar: la del alumnado con necesidades educativas especiales sin atender.